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Justo un mes después de que El Roedor, escrito por Heidi Putscher (Grijalbo, 2021) llegó a las librerías, el exdiplomático y gestor cultural, Andrés Roemer, inició la refutación de las acusaciones que lo pusieron al borde de la cárcel.

Víctima de un complot presuntamente orquestado dentro de Grupo Salinas —según su dicho—, recurrió a las redes sociales para proclamar su autodefensa. Y simultáneamente, a través de sus abogados, solicitó la protección de la justicia para combatir las órdenes de captura, evitar el acceso a las carpetas de investigación y detener la exposición negativa de su imagen en los medios.

Para agosto del 2022, en distintos juzgados penales de distrito de la Ciudad de México se habían acumulado más de 40 solicitudes de medidas cautelares. Y demandas – por daño moral y fraude procesal— contra las denunciantes, la editorial y otros periodistas que basados en el caso Roemer buscaban llevar a la pantalla esas historias.

Preservar su reputación también le permitió acceder a las carpetas de investigación que habían originado las órdenes de aprehensión. Una de ellas, originalmente liberada por el presunto delito de violación agravada, fue reclasificada por el juzgador como abuso sexual. Y con eso, prescribió, por la temporalidad.

El caso Roemer abarca 13 carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: seis por el delito de violación, otras seis por abuso sexual y la restante, por acoso sexual.

Han pasado 33 meses desde que Iztel Schnaas hizo pública su historia, a través de las redes sociales. Le siguió Fernanda Lascurain, en un testimonio publicado por la revista Quién. En marzo del 2021, la cuenta de Periodistas Unidas Mexicanas de Twitter había compendiado 61 acusaciones.

Entonces, la Fiscalía capitalina ya había atraído el caso, por “noticia criminal” y estaban por ratificarse las primeras denuncias, por los presuntos delitos abuso sexual y violación agravado.

Las denunciantes recurrieron a distintos representantes legales. Una carpeta de investigación corresponde a la denuncia tramitada a través del despacho Regino Abogados; cuatro, al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y seis, a la asociación Nosotros para Ellas.

Agotada la etapa de investigación inicial, un juez de control giró la primera orden de aprehensión, el 5 de mayo del 2021; para finales de ese año se habían acumulado otras cuatro. Además del presunto delito de violación, se requería la presentación del inculpado ante el riesgo de evasión; Roemer llevaba dos meses fuera del país.

El 6 de diciembre del 2021, la abogada Diana Murrieta y Mariana Flores, una de las denunciantes, fueron recibidas por el entonces canciller, Marcelo Ebrard, a quien le informaron que Roemer estaba en Tel Aviv y lo urgieron a solicitar su extradición. Su ubicación pudo precisarse primero, por el testimonio de una mujer a la que acosó sexualmente en aquella urbe israelita, y después por el periodista Amir Shuan, quien lo filmó mientras caminaba en las calles de esa ciudad.

A las quejas de las organizaciones que asesoran a las denunciantes, por el hostigamiento de los abogados de Roemer ahora se suma la campaña iniciada por la activista argentina Valentina Ortiz, quien ha exhibido información contenida en las carpetas de investigación y sostiene que el expresentador de la Ciudad de las Ideas es perseguido con acusaciones falsas.