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El PRI buscaría retener ocho de las 15 gubernaturas que se renovaría en las elecciones locales, concurrente con la federal, del 2021. Y a pesar de detentar la representación jurídica y contar con las facultades estatutarias, la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano dejó que los mandatarios estatales condujeran los procesos políticos para designar a los candidatos.

Peor, imposible. El PRI entregó esas gubernaturas a Morena y tres de los gobernadores que debían responder por la derrota ahora forman parte del cuerpo diplomático de la Cuarta Transformación.

En el 2022 no podía repetirse esa traición. Alito Moreno tomó el control absoluto de las postulaciones y los convenios de coalición sin que valieran las sugerencias de los gobernadores. El caso más evidente ocurrió en Hidalgo, donde Omar Fayad insistió en la nominación de Israel Félix, alcalde de Mineral de la Reforma, aunque no era el más competitivo.

Los gobernadores son los jefes políticos en sus respectivas entidades y como antaño influyen en la determinación de los candidatos a las diputaciones federales. Alito decidió asumir el costo político del 2022 y afrontar el 2023 sobre la base de un acuerdo político con los mandatarios salientes: el aparato priista apoyará a los aspirantes mejor posicionados. Y seguirá con su política de alianzas, con el PAN y el PRD.

Ambas decisiones tienen sus plazos y requieren de un método. Para el Estado de México —la entidad más poblada de la República y asiento de uno de los grupos políticos más consolidados dentro del priismo—, el CEN tricolor y el jefe político de la entidad acordaron a principios del año una ruta crítica, con mediciones trimestrales durante un año.

Alito y Del Mazo consensuaron una lista de cuatro precandidatos: Alejandra del Moral, Martha Hilda González Calderón, Ernesto Nemer y Ricardo Aguilar Castillo. Ni Elías Rescala ni Ana Lilia Herrera estarían contemplados y cualquier proselitismo de su parte sería tomado como un acto de indisciplina.

Lo importante era soltar a los aspirantes sin provocar escisiones. Y sobre todo contener al panista Enrique Vargas del Villar, quien desde hace un año presume un tracking en el que figura como el político aliancista mejor posicionado.

A un año de la elección en el Estado de México, una corriente priista pugna por una ruta distinta. Y busca que el exsecretario de Gobernación de la administración peñista, Alfonso Navarrete Prida, sea incluido en las mediciones.

Ya sea un outsider o un integrante del gabinete delmacista, el PRI enfrenta la disyuntiva de escoger a su mejor cuadro para competir por la joya de la corona. Sus rivales están claramente definidos: Vargas del Villar y la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, cuya nominación provocará un cisma en Morena, si el senador Higinio Martínez inicia su movimiento de resistencia.

Por lo pronto, Martínez Miranda ha convocado a “los mexiquenses de corazón” a una convención estatal que tendrá lugar mañana en el recinto ferial de Texcoco. Están citados alcaldes, legisladores y líderes de distintas formaciones políticas de los 125 municipios de la entidad.

Efectos secundarios

RESERVAS. Además de Durango, donde prevalece un empate técnico entre Esteban Villegas y Marina Vitela, los estrategas morenistas reportaron que en Aguascalientes, la morenista Nora Ruvalcaba se ha colocado a ocho puntos de la aliancista Tere Jiménez, lo que explicaría la guerra sucia en la contienda hidrocálida. En Durango, donde también se eligen a los 39 alcaldes, se ha cerrado la elección en la capital —entre tres, por el crecimiento del emecista Martín Vivanco— y en los municipios laguneros. En Gómez Palacio, la ofensiva será contra la abanderada aliancista, Leti Herrera, a quien hace unos días trataron de vincular al fraude en Segalmex y ahora señalan por los presuntos vínculos de su sobrino Ernesto Guiño Herrera Reza con Edgar el Limones Rodríguez Ortiz.