Derechos y réplicas

Para romper el cerco informativo, Andrés Manuel López Obrador comenzó con el ejercicio permanente de responder las preguntas de los periodistas en el 2000, cuando asumió la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

A lo largo de cuatro años, el mandatario capitalino impuso la agenda a la administración federal panista, encabezada por Vicente Fox. Hasta el 2024, cuando Rubén Aguilar Valenzuela llegó a Los Pinos como vocero presidencial, hubo una respuesta oficial: una contramañanera que tuvo alcances limitados.

AMLO tardó 18 años para ganar la Presidencia de la República. Su primer vocero, César Yáñez-Centeno Cabrera, proyectó una conferencia diaria para enlazar a la radio y televisión públicos, además de un cúmulo de medios alternativos, con el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En un gesto que resultaría contraproducente, los medios convencionales aceptaron la petición de Yáñez Centeno-Cabrera de replicar esa señal en sus portales de internet. El sexenio arrancó —en diciembre del 2018—con Jesús Ramírez Cuevas en la vocería presidencial y Jenaro Villamil como presidente del Sistema Público de Radiodifusión.

Ya en el poder, AMLO buscaba legitimar su derecho de réplica. Al respecto, la autoridad judicial ha concedido que ese ejercicio no sólo otorga la oportunidad de aclarar información falsa o inexacta que les causa un agravio, sino que en el caso de los funcionarios también garantiza el acceso a información de relevancia pública.

Paradojas del derecho de réplica en Palacio Nacional: el Ejecutivo federal ha desacreditado a columnistas y líderes de opinión. La Mañanera —concebida por Ramírez Cuevas como un programa informativo—incluso habilitó una sección (¿Quién es Quien en las mentiras?, a cargo de Elizabeth Vilchis) para supuestamente combatir la infodemia.

En Palacio Nacional, empero, nunca otorgan derecho de réplica. Y menos, reconocen haber incurrido en falsedades e inexactitudes. Hasta ahora, solo líderes de opinión han reclamado la protección de la justicia federal ante las omisiones del Ejecutivo.

Xóchitl Gálvez abrazó la defensa del derecho a la información para catapultar su figura política. Su insistencia para que el Senado nombrara a los tres comisionados del INAI fue el tema que enarboló en las últimas semanas del periodo ordinario de sesiones. Y luego, su demanda —no atendida— por acceder a la conferencia de prensa de Palacio Nacional.

Ambas exigencias, planteadas originalmente en la tribuna de la Cámara alta, fueron llevadas a la última instancia, a través de sendas demandas, tramitadas por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. La ahora aspirante presidencial ha amagado con una nueva reclamación contra el Ejecutivo federal, por presunta violencia política por razones de género.

Xóchitl abrió una brecha por la que ahora avanza Max Kaiser, quien demandó a la directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, por formular “menciones estigmatizantes y discriminatorias” sobre tu tarea periodística en la sección de la mañanera denominada “Quién es quién de las mentiras”.

Un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional, que obligará a Vilchis a abstenerse de difundir su imagen, realizar pronunciamientos discriminatorios, estigmatizantes, injustificados, ofensivos y excesivos en contra del quejoso en su labor de comunicador, dado el impacto que la misma puede tener en detrimento de su persona y su integridad tanto física como mental por parte de terceros, y en caso de hacer mención sobre él deberá apegarse a lo establecido por el artículo sexto constitucional y al Acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal.