Cuando concluyan estas consultas, el organismo regulador de las telecomunicaciones abriría —antes de concluir este año, confirmaron fuentes internas— una nueva, sobre las llamadas y mensajes que reciben los usuarios de la telefonía cuyos derechos actualmente son vulnerados por parte de entidades comerciales o de los despachos de cobranza
En este caso, la prisa está justificada. La consulta pública convocada por la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones sobre los lineamientos que establecen el llamado protocolo de alerta común se extenderá solo 10 días hábiles, la mitad del periodo contemplado en la aplicación regular de la normatividad vigente.
Y es que llevar la consulta a su término, “implicaría retrasar la entrada en vigor e implementación de las modificaciones”, en víspera de la actual temporada de ciclones tropicales y lluvias intensas que para este año —de acuerdo con la publicación realizada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres— la ocurrencia de 18 a 21 ciclones en el Océano Pacífico y de 11 a 15 en el Océano Atlántico.
Los mensajes “Alerta de Emergencia” deben ser difundidos por los concesionarios y —en su caso— los prestadores autorizados del servicio móvil, de radiodifusión, y de televisión y audio restringidos. Su pertinencia —trátese de sismos huracanes, incendios y otras conflagraciones que afecten a grandes núcleos poblacionales de las señales audibles asociadas— no está a discusión. Lo que estaría a debate es la posibilidad de inhabilitar esos mensajes de alerta, por parte de los usuarios.
La CRT tiene en curso tres consultas “activas”. Además de la arriba citada, están los polémicos lineamientos generales para la protección de las audiencias, y la modificación a la Disposición Técnica IFT-011-2022, referente al servicio de radiodifusión celular para la notificación por riesgo o situaciones de emergencia y que también vio abreviado el periodo para la participación de los interesados.
Cuando concluyan estas consultas, el organismo regulador de las telecomunicaciones abriría —antes de concluir este año, confirmaron fuentes internas— una nueva, sobre las llamadas y mensajes que reciben los usuarios de la telefonía cuyos derechos actualmente son vulnerados por parte de entidades comerciales o de los despachos de cobranza.
¿Adiós al REPEP? Ese registro —a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor— no inhibió las llamadas con funciones de cobranza, de organizaciones políticas, de beneficencia y de encuestadores telefónicos. Antes de abrir la consulta, el Pleno de comisionados, encabezado por Norma Solano Rodríguez, se ha reunido con los representantes de algunos agentes económicos y gubernamentales, entre ellos Profeco y la Asociación de Banqueros de México.
Efectos secundarios
DESAZONES. Una docena de empleados de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones contactaron a este espacio, a mediados de la semana pasada, para formular quejas específicas sobre el ambiente laboral imperante en esa entidad, adscrita a la ATDT. Jornadas extenuantes, desproporcionadas cargas de trabajo y horas extra que no son devengadas, son el denominador común, pero también la prevalencia de mandos medios y superiores carentes de experiencia y profesionalismo. “Hay desigualdades en equipos de trabajo, mientras unos trabajan a deshoras, por las cargas administrativas, otros se toman hasta tres horas para comer”, refieren. “En algunos pisos hay seis colaboradores por mesa de trabajo, con sillas incómodas que ya están ocasionando estragos a la salud física de mucha gente”.
PRECISIONES. Sobre la venta de CIBanco Casa de Bolsa, las empresas Trafalgar aclararon que esa operación fue autorizada por la CNBV, previo proceso integral de debida diligencia, y que la institución actualmente se encuentra debidamente capitalizada para enfrentar los desafíos del mercado. Hicieron especial énfasis en que no tienen vinculación con la administración anterior de la casa de bolsa, ni con Finsus.
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