El año pasado, Meta aceptó 8,5000 solicitudes de autoridades mexicanas a través de requerimientos legales y 2,240 solicitudes de emergencia. En el 2021 fueron 6,600 y 1,200 respectivamente
La peculiar elocuencia de Ana Elizabeth Vilchis debilitó la “alerta informativa” detonada por publicidad engañosa de terapias contra la diabetes y otras enfermedades que utilizan la imagen del subsecretario Hugo López-Gatell, en las redes sociales y presuntas páginas de internet del gobierno federal.
¿Fake news? Por “publicidad ilícita”, Meta —la empresa que conjunta a Facebook, WhatsApp Instagram— ha restringido el acceso a 17,801 post de productos cosméticos, suplementos dietéticos y dispositivos médicos que estaba en Facebook en lo que va del 2023.
A petición de INE, la firma de Mark Zuckerberg eliminó 46 elementos reportados que presuntamente violaban la ley electoral. Para proceder a ese tipo de solicitudes, también toma en consideración las condiciones aceptadas por los usuarios de sus servicios.
“Todas y cada una de las solicitudes que recibimos se revisan cuidadosamente para comprobar su suficiencia legal y podemos rechazar o exigir una mayor especificidad en solicitudes que parezcan demasiado amplias o vagas”, definió el corporativo de Palo Alto, en su más reciente informe de transparencia de Meta.
Las solicitudes procesadas por Meta atienden mandamientos judiciales y también a lo que se denomina “divulgación en caso de emergencia”. En función de las circunstancias, Meta puede voluntariamente entregar información a las fuerzas de seguridad si el asunto implica un riesgo inminente de lesiones físicas graves o muerte.
En estas polémicas, la jurisdicción del Inai —como en muchas otras áreas— es inoperante. Ante un fallo de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra el exdiputado Rodrigo Iván Cortés por violencia política de género contra la diputada Salma Luévano, el Frente Nacional por la Familia exigió la intervención de la OEA.
El exlegislador y líder del FNF recurrió a las redes sociales para criticar a Luévano y rechazar la identidad de género. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE solicitó que esas publicaciones fueran retiradas, en noviembre del año pasado.
Además de imponerles una sanción económica, los magistrados electorales ordenaron en última instancia la publicación de una retractación en los mismos medios de los que se cometió la infracción, la emisión de una disculpa pública, y otras medidas de reparación integral y garantías de no repetición.
El año pasado, Meta aceptó 8,5000 solicitudes de autoridades mexicanas a través de requerimientos legales y 2,240 solicitudes de emergencia. En el 2021 fueron 6,600 y 1,200 respectivamente.
A nivel global, atendió más de 827,000 peticiones de datos sobre usuarios por parte de gobiernos. Desde 2013, Meta ha recibido un total de 2.25 millones de solicitudes gubernamentales relativas a 3.62 millones de usuarios de sus plataformas y reveló al menos algunos datos en respuesta al 76,45% de todas las solicitudes.
Efectos secundarios
ONEROSOS. Cada mes, Segalmex paga 40 millones de pesos a la firma regiomontana Lamex AgriAlimentos, en cumplimiento del contrato Licona/CEX//IM/559/2023 para la dotación de leche descremada en polvo no instantánea sin fortificar de origen de leche cruda de vaca. La dependencia encabezada por Leonel Cota Montaño tuvo que hacer frente al desabasto de la materia prima, generado por la pandemia, y paga las consecuencias de las malas decisiones de su antecesor, quien encargó el proyecto de construcción de una planta en Zacatecas que se esfumó, como muchos otros recursos. Y mientras los precios internacionales de referencia van a la baja, Segalmex otorgó los contratos a las empresas más onerosas, lo que provocó malestar entre los industriales del ramo.
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