Mientras en Conagua tratan de frenar las fugas de información, apenas antier se generó una nueva alerta en las dependencias federales, sobre un inminente ataque informático
Han pasado cuatro semanas del hackeo al sistema informático de la Comisión Nacional del Agua y la evidencia recopilada por los técnicos de la oficina de Estrategia Nacional Digital apunta a la sustracción de expedientes.
¿Sabotaje o robo? Las causas, pero sobre todo la magnitud del hecho está por determinarse, aunque dentro de ese órgano desconcentrado de la Secretaría del Medioambiente están más preocupados en identificar a los responsables de las fugas de información, para proceder a sancionarlos… incluso con el Código Penal.
Justo hace dos días, tras de la aparición de un texto en El Universal que daba cuenta de recientes incidentes en Conagua —además del hackeo, revelado en este espacio, refería acusaciones de corrupción y pérdida de registros estratégicos de las concesiones de agua—, circuló profusamente el memorando B00.2.0207, suscrito por Alejandra Icela Martínez Rodríguez, subdirectora General de Administración.
El asunto: “adoptar y reformar las medidas para el resguardo y confidencialidad de la información”. ¿Los destinatarios? Los titulares de las gerencias adscritas a la Subdirección General de Administración del Agua; el director del área de Información, Jorge Adrián Flores Rangel; la subgerente de Normatividad de Aguas Nacionales, Verónica León Ponce, la subgerente de Mejora Regulatoria y Enlace de Transparencia, María Victoria Díaz, y el subgerente de Apoyo a la Gestión, Alberto Chavero Jurado.
“Al momento se han identificado algunas situaciones en las que se ha compartido documentación e información a personas ajenas a esta institución, y de las cuales ya tiene conocimiento el Órgano Interno de Control de la Conagua”, les advirtió, “se continuará dando vista a las autoridades de los casos futuros que se sigan teniendo conocimiento”.
Ese documento está fechado el mismo día que los memorándums 202 y 203 —consignados ayer en este mismo espacio— y alude a un “conjunto de acciones y mecanismos” ordenados por Martínez Rodríguez para supuestamente proteger los datos personales y prevenir el acceso no autorizado a personas ajenas a las áreas y/o fuera de la competencia de este órgano jurídico desconcentrado.
“Solicito su valioso apoyo a efecto de reforzar las acciones y mecanismos que generen un resguardo óptimo, eficaz, y eficiente de la información y documentación física y electrónica de las unidades administrativas a su cargo y adscritas a esta subdirección general”.
En ese sentido —insistió— “es importante que la información y documentación sean únicamente transmitidas y/o difundidas a través de los medios institucionales designados para ello, siempre y cuando medie una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente, o bien cuando la Unidad de Transparencia de esta Comisión así lo requiera y en el ejercicio de sus funciones, debiendo en todo momento observar, proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, así como hacer valer los principios rectores para la protección de los datos personales en posesión de sus áreas”.
Mientras en Conagua tratan de frenar las fugas de información, apenas antier se generó una nueva alerta en las dependencias federales, sobre un inminente ataque informático.
Efectos secundarios
PRECEDENTES. La ratificación de la maestra Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia generó polémica, dentro y fuera del Congreso de la Ciudad de México, aunque la mayoría morenista en ese órgano legislativo apela al texto constitucional y una acción similar, reciente: la ratificación de la titular de la PAOT; misma la ruta que podría seguir el Consejo Judicial Ciudadano.
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