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En vísperas de la determinación de la FAA sobre la recuperación de la categoría 1 de los servicios aeronáuticos, el Gobierno de la República se apresta a traspasar íntegramente el control del espacio aéreo en el Valle de México.

La Secretaría de Infraestructura pasará la estafeta a la Marina Armada de México, de acuerdo al proyecto de decreto que el titular de la SICT, Jorge Nuño, remitió a la Comisión Nacional de Reforma Regulatoria. Si no hay observaciones o impugnaciones, ese documento estaría listo para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación a más tardar la próxima semana.

Esta “resectorización” llevaría a tres entidades nacidas hace 25 años —el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, los Servicios Aeroportuarios y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México— a la Semar, que ahora quedará a cargo de corregir el “descuido sistémico” que afecta al AICM.

Los transitorios del decreto establecen 60 días naturales siguientes a su publicación para una actualización del capital social de las empresas y también determinan una consecuente transferencia presupuestal.

“Las tres entidades actualmente se encuentran agrupadas en el sector coordinado por la Secretaría de Infraestructura, sin embargo dada la naturaleza de las atribuciones que tienen conferidas, se estima que coinciden en el ámbito de seguridad del Estado mexicano competencia de la Secretaría de Marina”, se lee en los considerandos.

Las Fuerzas Armadas controlan las aduanas, las terminales de pasajeros y de carga y ahora el espacio aéreo en el Valle de México. El círculo completo.

El Ejecutivo federal nuevamente invocó razones de seguridad nacional para justificar esta decisión.

“La seguridad de los aeropuertos es un desafío que se maximiza en un contexto de capacidad limitada. En las terminales se prestó un servicio con deficiencias y con áreas y equipamiento mal aprovechados, lo que generó vulnerabilidades que propiciaron actos de interferencia ilícita.

Asimismo, a pesar de contar con sistemas para monitorear amenazas y riesgos en el área operacional, los reportes recogidos no eran atendidos con prontitud, la seguridad de las operaciones y el cumplimiento de la normatividad en la materia era nula”.

La instrucción presidencial será cumplida al pie de la letra. Queda la incógnita, empero, sobre el pago de los bonos de la deuda del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, con los recursos generados por el cobro de la tarifa de uso del AICM y otras cuatro terminales ubicadas en el centro de la República.

Antes de este decreto se tramitó la nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que también transfirió atribuciones que antes tenía la SICT a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ese nuevo ordenamiento contempla la instalación del Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, en el que tendrán un asiento los secretarios de la Defensa, Marina, Relaciones Exteriores, Infraestructura y Seguridad y Protección Ciudadana, además del comandante del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo.

En esa instancia tienen asientos, como invitados permanentes: el comandante de la Fuerza Aérea, el comandante de la Guardia Nacional y los directores de la AFAC y Seneam.

En el sector, ahora sólo falta determinar el destino de Mexicana de Aviación… y recuperar la categoría 1.

Efectos secundarios
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