Ahora, por decreto presidencial, los eslabones de la cadena logística tendrán que engarzarse al modelo de intervención ejecutado por la administración morenista, cuya coordinación ha quedado al mando de la Sedena
El Ejecutivo federal remitió su iniciativa para expedir la Ley de Protección al Espacio Aéreo hace nueve meses. Ya habían iniciado operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero las disputas entre los mandos civiles —SENEAM y la subsecretaría de Comunicaciones, principalmente— con la cúpula castrense habían quedado soterradas.
La recuperación de la categoría 1 era prioritaria. En esos esfuerzos, las Fuerzas Armadas habían tomado control del AIFA y de la Aeronáutica Civil, con la recientemente creada agencia que sustituyó a la DGAC. Faltaba tomar el control del AICM, de SENEAM y del Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo, una instancia de nueva creación, con la ley propuesta el jueves 28 de abril del 2002, último día de sesiones ordinarias del primer año de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.
La reforma presidencial en materia energética había confrontado a la mayoría oficialista con el Bloque de Contención. En el camino quedarían un cúmulo de iniciativas y nombramientos, entre ellos el nuevo ordenamiento para proteger el espacio aéreo; no obstante, Palacio Nacional insistió en los trámites y las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana, y de Defensa Nacional trabajaron a marchas forzadas, para presentar el dictamen al pleno antes de que concluyera el primer periodo del segundo año, el pasado 15 de diciembre.
En la última milla, un cuestionamiento —directo y severo— del diputado morenista Jaime Martínez López sobre la exclusión de la Armada de México en la construcción de esta propuesta. Y es que —insistió— el espacio aéreo es más extenso en altamar que incluso sobre el territorio nacional.
La resistencia del legislador, integrante de la Comisión de la Defensa y exfuncionario de Semar, quedó registrada, pero el proyecto de decreto ya fue listado por la Junta de Coordinación Política, para su votación en el pleno.
Ese retraso impidió que el nuevo marco normativo —que otorga al Ejecutivo federal facultades expresas para resguardar el espacio aéreo— quedara habilitado. En esa dirección, Palacio Nacional avanza sin dilaciones, con la publicación del decreto que sacará las terminales de carga del AICM.
¿Para revivir al AIFA o para recuperar el control en las terminales aéreas cooptadas por el Cártel de Sinaloa? A las irregularidades expuestas en el juicio a Genaro García Luna sobre el funcionamiento del AICM —que ahora está subordinado al almirantazgo— se acumula una constelación de hechos y omisiones —licencias de vuelo falsas, suplantación de identidad, aeronaves sin documentos, transporte ilegal de hidrocarburos, operación en pistas clandestinas, funcionarios que facilitan vuelos ilícitos al no desempeñar sus ocupaciones por ausencia—, en las operaciones de aviación privada.
Ahora, por decreto presidencial, los eslabones de la cadena logística tendrán que engarzarse al modelo de intervención ejecutado por la administración morenista, cuya coordinación ha quedado al mando de la Sedena.
La aduana 50 —la del AIFA— funciona desde hace tres meses y al cierre de la semana pasada ya acumulaba 82 operaciones, según la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana. Y el 1 de junio deberá recibir a las empresas cargueras que saldrán del AICM, con o sin categoría 1.
Efectos secundarios
¿RESCATE? Especializada en la operación de cables submarinos de fibra óptica, Seaborn Networks recurrió hace tres años al capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos. En la ruta de su salvación, esa empresa bostoniana apuesta a un salvavidas mexicano. Y quiere ofrecer a la Comisión Federal de Electricidad servicios de tendido de fibra óptica oscura y otros, de conexión de infraestructura digital de última generación, sin acreditar experiencia en despliegue de largo alcance en tierra.
¿Gatopardismo? El proyecto del Tren México-Querétaro podría revivir, con el impulso de Claudia Sheinbaum… ¿y también Grupo Higa? El consorcio de Juan Armando Hinojosa Cantú pasó a segundo plano después del escándalo de la Casa Blanca de las Lomas, pero se mantuvo en el padrón de contratistas en el Estado de México donde recientemente construyó un parque industrial, al norte de la entidad.
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