Los neosupremacistas urdieron leyes y reformas a la carta y en unos cuantos días pergeñaron la invalidación anticipada de lo que la Suprema Corte (que pese a todo sigue viva y actuante) resuelva el martes próximo sobre su muerte anunciada
El engaño es evidente: “supremacía constitucional”, le llama el oficialismo, cuando lo que impone es una fascistoide supremacía política de sus avasallantes mayorías en el Congreso.
Arguyen la falacia de que aplican “la voluntad del pueblo”, pero éste les dio en las urnas 45 por ciento de votos, no 75 de la sobrerrepresentación de diputados que detentan.
Los neosupremacistas urdieron leyes y reformas a la carta y en unos cuantos días pergeñaron la invalidación anticipada de lo que la Suprema Corte (que pese a todo sigue viva y actuante) resuelva el martes próximo sobre su muerte anunciada.
Quieren que lo que sea que se les ocurra poner en la Constitución sea jurídicamente inatacable, pero uno de sus dos transitorios mandata la pendejada de que la “supremacía constitucional” se aplique de manera retroactiva, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución, y el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la reforma constitucional al Poder Judicial está en proceso de discusión y eventual aval desde antes de la aprobación de este nuevo esperpento del oficialismo.
Ante la expectación por el fallo de la odiada, pero vigente Suprema Corte, alegan que ocho ministros no van a imponerse “sobre la voluntad popular”, a sabiendas de que su pandillero empoderamiento se lo deben a los cuatro magistrados electorales que, contra la constitucional opinión de la irreprochable Janine Otálora, les regalaron la ilegítima sobrerrepresentación.
Con la “supremacía constitucional” y el desdén por el consenso buscan realizar el sueño del sol tabasqueño que ilumina sus corazones: una sola y caciquil visión política para mantener el poder por decenios (el morenista senador Adán Augusto López calcula 50 años).
Del proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que es “de verdad, un posicionamiento político…”.
Tiene razón, aunque solo en parte, porque la sugerencia que discutirá el pleno del máximo tribunal es también, pero sobre todo, una sólida propuesta jurídica.
El propio ministro dice que su proyecto (casi 400 cuartillas) es “un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Unión…”.
Su alegato es, pues, constitucional y político, dado el alto grado de explosividad que ha alcanzado esta crisis constitucional y política provocada por la demencial guerra del Ejecutivo y el Legislativo contra el Poder Judicial.
Para Sheinbaum, sin embargo, el proyecto “no tiene nada que ver con las leyes o con la Constitución”, y sobre tan errada idea su maquinaria legislativa cometió la salvajada de imponer contra reloj la fraudulenta “supremacía constitucional”.
La descalificación a “lo político” en la propuesta de sentencia es indebida, sobre todo si la mandataria recuerda el nombre del texto que protestó guardar y hacer guardar: “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos…”.
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