El presidente montó un fideicomiso durante las elecciones, pero cuando ganó eliminó los fideicomisos que no eran suyos. Sin embargo, acaba de abrir otros para recibir y administrar dinero de las aduanas que le quitó a los civiles, para dárselas a los militares.

Para su campaña electoral, creó el fideicomiso “Por los demás”, para ayudar a los damnificados por los dos sismos de 2017, del cual 70 personas sacaron 64,5 millones en cheques de caja, pero ninguno era damnificado, porque todos eran de Morena.

Y después canceló los 109 fideicomisos (que beneficiaban a casi todas las facetas del saber y el hacer de los ciudadanos), porque le daban independencia económica a grupos de poder que no comparten su idea del control del país reunido sólo en su persona.

Ahora, sin embargo, firmó un decreto que permite al Ejército y la Marina hacer fideicomisos públicos sin estructura, para recibir y administrar el dinero, que obtienen en las aduanas que coordinan desde que el presidente echó a los civiles y colocó a militares.

Dice la orden del jefe del Ejecutivo:

“… la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina podrán constituir fideicomisos públicos sin estructura, que servirán como vehículos financieros para recibir y administrar los recursos que deriven…”

Es decir, más dinero para que los militares sigan construyendo un Estado dentro del Estado, con recursos que no puede auditar la sociedad civil, pues está prohibido con el cuento de que son asuntos de seguridad nacional.

También, por decisión personal del presidente, el Ejército se quedará con las ganancias del aeropuerto civil que construye en Santa Lucía: las casas de cambio, comercios al por menor que no aplican impuestos ni tasas locales o nacionales, los baños…

Serán civiles quienes administren el aeropuerto, y las ganancias del proyecto para la Secretaría de la Defensa Nacional, previo pago de mantenimiento y demás insumos. Un negociazo que excluye a los civiles, ya que es exclusivo para dos: el Ejército y el gobierno.

Además, a diferencia de los civiles, los militares no tienen que rendir cuentas: en 2020 Sedena gastó 32 mil 175 millones de pesos, pero de esa cifra no se pueden auditar 25 mil 460 millones, con la jugada de que son asuntos de “seguridad nacional”.

¿Seguridad nacional? Pues las aduanas son civiles y también el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el proyecto turístico Tren Maya y dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar. Si fueran cuarteles si sería asunto de seguridad nacional, pero no un aeropuerto civil.

De eso se trataba: de poder y lana. Arrebatarles los cargos y el dinero a los de antes, para tenerlos ellos.

Tan sólo un muy vulgar quítate tú para ponerme yo.