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En unas cuantas llamadas telefónicas del fiscal Alejandro Gertz Manero quedó claro el pozo de impunidad y manipulación en que se ha convertido una de las promesas mayores del cambio democrático de México: la construcción de una fiscalía autónoma.

La autonomía del fiscal se expande arbitrariamente sobre cosas que debería combatir. Es una autonomía discrecional, eficiente para quien la ejerce, amenazante para su sociedad. El fiscal no pudo evitar ni en defensa propia el delito de que lo grabaran a él de manera ilegal.

Mal puede garantizar que no graben a otros, proteger el derecho a la privacidad de nadie. Alarma la impunidad de los arreglos bajo la mesa de los que alardea el fiscal con distintos ministros de la Suprema Corte, para que fallen en el sentido que el fiscal les pide o les exige. La ascendencia confesa del fiscal sobre ministros de la Corte no puede ser ajena al hecho de que fue él quien acusó sin pruebas e hizo renunciar a la Corte, bajo amenaza judicial, al ministro Eduardo Medina Mora.

Supongo que los ministros tienen muy presente en sus tratos con el fiscal su autonomía para inventar y abrir carpetas de investigación: su autonomía respecto de la obligación de aportar pruebas. Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse quién puede estar a salvo de la autonomía persecutoria del fiscal cuando pudo ejercerla contra un ministro de la Corte.

Otra autonomía escandalosa del fiscal es la del batidillo de litigios personales en que invierte sus poderes. Es el caso de la persecución judicial contra la familia de su hermano, a una de cuyas hijastras tiene presa.

Es el caso también de su involucramiento en el litigio de la Universidad de las Américas, en el que tiene intereses patrimoniales que defender.

Es el caso, por último, de su antigua amistad y ahora su furor enemigo, contra el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a quien acusa de extorsión por boca de personajes que el fiscal tiene a su merced, metidos en la cárcel. Una fiscalía podrida, dice Jesús Silva-Herzog Márquez.

También: una fiscalía de uso personal, autonomizada de sus funciones y protegida por su complicidad con el Presidente.