La fallida reforma constitucional que se proponía desaparecer al INE ha sido traducida a seis leyes sustitutas para jibarizarlo.

Son las leyes de Comunicación Social, de Responsabilidades Públicas, de Partidos Políticos, de Medios de Impugnación, del Poder Judicial de la Federación y de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esta última es la principal. Se propone encoger al INE, convertirlo en una especie de AIFA electoral: un organismo enano, insuficiente y disfuncional. 

El INE está formado por una Junta General Ejecutiva, 32 Juntas Ejecutivas locales (una por cada estado) y 300 Juntas Ejecutivas distritales (una por cada distrito electoral).

La ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que está por aprobarse suprime las 300 Juntas Ejecutivas distritales y reduce en un 40% las 32 Juntas Ejecutivas locales.

La entrada en vigor de esta ley implicaría el despido de 84% del personal, 2 mil 571 miembros, del Servicio Profesional Electoral Nacional, el corazón operativo del INE.

El INE que el gobierno quiere desarticular funciona bien. Ha organizado en los últimos 8 años, desde 2014, 330 elecciones de todo tipo, incluyendo las presidenciales de 2018, ganadas por el gobierno que hoy intenta desarbolar al Instituto, alegando que es caro, ineficiente y fraudulento.

Si el INE fuera fraudulento, lo habría sido también en el proceso electoral que llevó al actual gobierno al poder, y este gobierno sería, por tanto, hijo del fraude. Pero no hubo una sola irregularidad grave probada en esa elección.

Respecto del costo y la eficiencia del INE, ya los quisiera el actual gobierno para un día de fiesta en sus obras insignias de infraestructura o en el manejo de sus dos prioridades energéticas, Pemex y CFE, que en estos días aumentaron en 10 mil millones de dólares la deuda soberana de México.

Si alguna institución eficiente hay a la vista del público, es el INE.

Si en alguna zona de la vida pública el país ha navegado sin conflictos en estos años, es en la de las elecciones que organiza el INE.    

Y si algún bien público hay eficiente, incorrupto, universalmente útil y gratuito para el ciudadano, es la credencial de elector que se deriva del control del padrón electoral que maneja el INE.

¿Para qué voltearlo todo al revés?