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La Suprema Corte de Justicia le quedó a deber al país en estos años. Tiene deudas con la nación.

Con estas palabras empieza el texto que escribimos María Amparo Casar y yo, como entrada al balance de la Corte bajo los años de la presidencia de Arturo Zaldívar, que la revista Nexos  presenta en su edición de febrero.

La Corte se caracterizó en esos años por su capacidad para procrastinar, para posponer. Dejó sin resolver la mitad de las 60 querellas constitucionales que recibió, un récord sexenal.

Fue una Corte procrastinadora bajo la conducción de un presidente, decimos en el texto, “sujeto a sospecha de parcialidad política, al que sus pares no pudieron nunca moderar ni corregir”.

Al empezar su mandato, Zaldívar dejó que el Presidente de la República echara de la Corte a un ministro mediante “una acusación que no hubiera resistido el menor escrutinio legal de la propia Corte”.

Al final de su mandato, tuvo la veleidad de buscar una ampliación de su presidencia por una coartada legal, semejante a la buscada por el impresentable gobernador de Baja California.

En lo alto de su responsabilidad como ministro presidente, Zaldívar llegó a decir que la Corte debía dar “una respuesta institucional clara a los reclamos manifestados a través de las urnas”, como si su vara de medir fuera el éxito de los partidos políticos, no la Constitución.

En su discurso de despedida, saltó al futurismo político y al eslogan oficialista: “Seguiré comprometido en cualquier responsabilidad que asuma en los próximos meses y años por un país próspero, más igualitario y más justo, que nunca olvide que debemos tener una opción preferencial por los pobres de México”.

Lo fundamental, sin embargo, fue que “Zaldívar pospuso la resolución de la mayoría de los más graves asuntos de dudosa o clara inconstitucionalidad planteados por el gobierno”.

Aún así, la Corte resolvió asuntos claves, como muestra el número de Nexos. Impuso restricciones a la extinción de dominio, a la prisión preventiva oficiosa, al uso discrecional de recursos públicos.

Pero no revisó cuestiones de urgente resolución para la República, como lo referente a la militarización y a la autonomía del órgano electoral.

Por eso la Corte que sigue a Zaldívar, la Corte que llega, tiene la agenda repleta.