Llevamos en esto ocho años y es la hora en que nadie ha podido decirle a los familiares de las víctimas exactamente qué pasó con sus hijos
l corazón de la ruptura política dentro del seno de la “verdad alterna” del Caso Ayotzinapa es, otra vez, la responsabilidad del Ejército en el crimen y, otra vez, la decisión presidencial de no afectarlo.
De las 21 órdenes de aprehensión canceladas por la FGR, 16 fueron de militares: 10 soldados del 27 Batallón de Infantería, el comandante del Batallón, un oficial y su teniente de inteligencia del mismo batallón, y miembros operadores del C-4, al que reportan todas las fuerzas de seguridad de la zona (GIEI, Ayotzinapa, IV, p. 33).
En una conferencia matutina, el Presidente explicó que había en esas órdenes de aprehensión de la Ueilca el propósito de rebelar al Ejército y reventar la investigación. Los números buenos, dijo el Presidente, eran los cinco militares implicados en el informe de la Covaj y no los 16 adicionales de la Ueilca.
“Hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco de alto grado, los otros 15 no sé, pero me imagino, son soldados… Meten a los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército y que íbamos a dar marcha atrás”.
Cuando habla de dar marcha atrás, el Presidente se está refiriendo a la decisión que había tomado ya de detener al ex procurador Murillo y al general Rodríguez Pérez, entonces coronel del 27 Batallón. Difícil entender por qué el GIEI y uno de sus colegas, habilitado como fiscal de la Ueilca, Omar Gómez Trejo, querrían impedir la detención de dos personajes a los que habían combatido por todos los medios a su alcance, dentro de la investigación.
Si alguna objeción pusieron fue que las detenciones eran prematuras, y podían facilitar la defensa de los detenidos. Se entiende en cambio que con dos detenciones espectaculares el gobierno quisiera darle satisfacción a la opinión pública, y cerrar ahí, con un carpetazo espectacular, lo que todavía es un pantano de verdades a medias.
Llevamos en esto ocho años y es la hora en que nadie ha podido decirle a los familiares de las víctimas exactamente qué pasó con sus hijos.
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