Agentes perturbadores

Imbuido de una lógica sistémica que de facto finiquitó con el federalismo, el gobierno peñista instituyó el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los mexicanos ante situaciones de emergencia provocadas por “fenómenos perturbadores” de origen natural.

Después de los sismos de septiembre, en plena etapa de reconstrucción, la prioridad para las autoridades locales y federales radica en la gestión de los recursos para atender a los damnificados, provengan de las donaciones privadas o del Fondo Nacional para la Protección de Desastres Naturales.

Las entidades del golfo de México y el sur-sureste, en la última década, han recibido recursos extraordinarios bajo esa figura, que van a fondo perdido. Veracruz es el caso paradigmático y Javier Duarte de Ochoa, el funcionario priista que más declaraciones de emergencia obtuvo; su récord se remonta a sus épocas como secretario de finanzas de Fidel Herrera.

Para reforzar este argumento: José María Tapia pasó los primeros cuatro años del sexenio peñista al frente del Fonden. Y ahora, además del escaño en el Senado que le dejó Pablo Escudero, es el secretario de Acción Electoral del CEN del PRI.

Sismos, volcanes, ciclones tropicales, inundaciones… para el gobierno mexicano, la fuerza de la naturaleza ocasiona fenómenos perturbadores “con alto potencial destructivo” que se agrava “con altas concentraciones poblacionales en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física y social (que) propician un gran riesgo de desastre”.

Según la estadística más reciente, 2.3 millones de mexicanos viven en zonas de riesgo grave. Y cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por estos eventos representan un alto costo social y económico.

Esa instancia, a cargo del exalcalde de Atizapán, Luis Felipe Puente, es la encargada de coordinar al SINAPROC, que conjunta instancias y tareas, pero cuenta con un presupuesto de 206.6 millones de pesos.

En el 2016, la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió 18 declaratorias de desastre en 13 entidades federativas, en las que hubo 1.4 millones de habitantes. Bajo su jurisdicción, además, están los sistemas de Alerta Sísmica, Clima Espacial, Incendios, Laboratorio, Popocatépetl, SIACT-CT, Sismológico, Tsunamis y Volcán de Colima. Al paso del tiempo, la reina de los sistemas de alertamiento es el área de Meteorología, parte del grupo Interinstitucional de Ciclones Tropicales.

Y, además, tiene a su cargo la realización y actualización del Atlas Nacional de Riesgos.

Para la realización de “acciones preventivas no programadas” en materia de protección civil, en el 2002 se estableció el Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN). Y un año después, se instituyó el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del que la SHCP es fideicomitente único.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, el FIPREDEN recibió 358.7 millones y de acuerdo con el Estado de Posición Financiera del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración y Pago Núm. 2068 “Preventivo”, al cierre de ese año, el patrimonio del fondo ascendía a 847.4 millones de pesos, de los cuales 426.7 millones de pesos estaban distribuidos en las 11 subcuentas del mismo número de proyectos autorizados en el periodo 2012-2015, y contaba con una disponibilidad presupuestal de 316.8 millones de pesos.

EFECTOS SECUNDARIOS

PÉRDIDAS. Inevitable, la decisión de cancelar las rutas de Interjet de la CDMX a Aguascalientes, Campeche, La Paz, Minatitlán y Reynosa. Los slots que pierde en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. La polémica se desató cuando el director general del aeropuerto capitalino, Alexandro Argudín, reviró que la decisión fue unilateral y que no se debió a una disminución de horarios de despegue y aterrizaje sino a un tema comercial de la aerolínea, ya que la tasa de crecimiento de Interjet en materia de slots del 2014 al 2017 es de entre 75 y 80 por ciento. Como sea, estas rutas ya fueron canceladas y quienes serán principalmente afectados son los pasajeros y la conectividad del país, lo que obliga a la Profeco a velar por los intereses de los pasajeros que ya habían adquirido boletos previamente y qué sucederá con el estudio de capacidad del AICM que solicitó la Comisión Federal de Competencia Económica con el que se buscaría incrementar el volumen de operaciones.

VERSIONES. La sentencia dictada a favor de Ricardo Anaya por el juez 14 de distrito en materia civil en la Ciudad de México en el procedimiento judicial de derecho de réplica contra los editores de El Universal impuso una sanción económica a la parte demandada por el equivalente a 500 salarios mínimos y la publicación de la aclaración correspondiente en el espacio de la nota principal de la primera sección. Los principales resolutivos se conocen a través de una misiva que el jefe nacional del PAN remitió a simpatizantes y líderes de opinión desde hace una semana. “No hubo prueba de que el incremento en el patrimonio de la familia política del líder del Partido Acción Nacional tuviera relación con los cargos obtenidos por éste en su trayectoria laboral y política”.