Hay un gran asunto que revisar en los subsidios de la democracia mexicana. Sabemos que no han logrado evitar lo que buscaban: que no entrara a la competencia electoral dinero oculto que pudiera capturar el proceso. Dinero de los empresarios, del narco, de los propios gobiernos. Las tres cosas que se querían evitar siguen sucediendo. … Continued
Hay un gran asunto que revisar en los subsidios de la democracia mexicana. Sabemos que no han logrado evitar lo que buscaban: que no entrara a la competencia electoral dinero oculto que pudiera capturar el proceso. Dinero de los empresarios, del narco, de los propios gobiernos.
Las tres cosas que se querían evitar siguen sucediendo. Junto al mercado de subsidios legales para elecciones y partidos, hay un potente mercado negro de fondos prohibidos provenientes de distintos gobiernos, de futuros contratistas y también del crimen.
Lejos de transparentar y vacunar los procesos democráticos contra el poder del dinero, el diseño vigente los ha corrompido al grado de que nuestras elecciones parecen una subasta. El que no tiene mucho dinero para apostar, aparte del oficial, apenas puede sentarse a la mesa.
La aparición de los candidatos independientes ha traído un problema adicional: nadie sabe cómo financiarlos, ni con cuánto, ni a cuántos.
Parece llegado el momento de relegislar a fondo el asunto del dinero y las prerrogativas que se dan a los partidos.
Entre éstas últimas, el maratón de spots gratuitos que, lejos de potenciar la competencia, la estupidizan con slogans y simplonerías. Los spots son incapaces de mostrarnos siquiera un atisbo de quiénes son realmente los candidatos, protegidos además por la prohibición de las campañas negativas.
Nuestras elecciones se han vuelto así unos carnavales de spots chabacanos, dinero oculto, e impunidad pública de candidatos y partidos.
Creo que todo el sistema debe ser revisado bajo la idea rectora de desregular a fondo lo que ha sido regulado de más.
Hay que devolver a los partidos el libre acceso a los fondos que les dé su sociedad. Hay que desaparecer los spots en favor de la difusión de debates y compromisos programáticos. Deben permitirse las campañas negativas, y debe también reabrirse el mercado de los medios a quien quiera adquirirlos.
Todo esto, bajo el supuesto de una estricta rendición de cuentas de los partidos y los candidatos.
Los partidos, quedando obligados a abrir sin restricciones sus finanzas a la inspección pública, con penas judiciales para los dirigentes por ocultamientos o desvíos.
Los candidatos, siendo responsabilizados personalmente de los delitos de corrupción que puedan cometerse durante su campaña.
Minuto a minuto
