El gobierno puede acusar y encarcelar a quien quiera, con delitos reales o inventados, pero puede probar poco o nada de los crímenes que imputa
El encallamiento de Ayotzinapa en el mar de los sargazos de la incredulidad mexicana, capaz sin embargo de creer cualquier cosa, es el eslabón más reciente del desfile histórico de abusos y manipulaciones que ha sido entre nosotros la procuración de justicia.
Ayotzinapa pinta para volverse un hoyo grande, del tamaño de los crímenes del 2 de octubre del 68, el asesinato de Colosio del 94 o la matanza de Acteal del 97. Uno más de los grandes hoyos negros que van sembrando en la memoria colectiva las abusivas capacidades del Estado para acusar o para absolver, y su correlativa incapacidad de investigar y de probar casi nada, ni de lo que acusa, ni de lo que absuelve.
El gobierno puede acusar y encarcelar a quien quiera, con delitos reales o inventados, pero puede probar poco o nada de los crímenes que imputa.
Y puede absolver también, pasar por alto, los mayores crímenes imaginables, como vemos hoy todos los días en las masacres que sacuden al país, sin que la autoridad mueva un dedo para investigarlas y castigarlas.
La justicia es un reino de hechos flojos, falsos o inconcluyentes, donde mandan la política, la influencia y el dinero, frente a la indefensión total de la sociedad que no tiene poder, influencia ni dinero para defenderse, con el solo amparo de la ley y la verdad.
Se trata de un reino de justicia fantasmal del que salen sin embargo sentencias fulminantes, que tienen llenas las cárceles de personas sin sentencia, de culpables fabricados y de delincuentes que delinquen desde la prisión.
La barbaridad de este reino de verdades dudosas y opresiones ciertas creció con la ampliación reciente de los delitos que pueden castigarse con prisión preventiva, aberración jurídica que permite encarcelar a alguien con sólo acusarlo.
Hay además muchos casos de ciudadanos no encarcelados pero sí amagados con prisión, para obligarlos a una determinada conducta: un pago de impuestos, una renuncia, una obediencia al gobierno. La lista de amagos y prisiones de estos años es larga.
Su efecto neto es agregarle impunidad a la conducta judicial del gobierno y afantasmar en la sociedad el valor, el rigor y la credibilidad de la justicia.
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