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El bloque de cinco consejeros electorales que respaldó la propuesta de Arturo Castillo para no declarar válida la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene tres integrantes, cuyo mandato expira en 11 meses. Por diseño constitucional, la renovación del Pleno del Consejo General es escalonada, pero si la mayoría oficialista concreta la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal, podría ocurrir un relevo absoluto.

Los excesos de los consejeros merecieron la condena de la presidenta, Claudia Sheinbaum, pero también del líder de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, quien estaría entre los dirigentes a favor de un cambio total en la integración de la “herradura de la democracia”.

“El INE ha estado actuando de manera parcial, extralimitada, por capricho”, resumió el legislador zacatecano. Dentro tres meses, calculó, la iniciativa presidencial llegará a las comisiones y comenzará su dictaminación. Y antes de que concluya este año, deberá materializarse la reforma electoral que no pudo concretarse durante el lopezobradorismo.

La renovación total del Consejo General es una opción radical, pero no lejana. El bloque de consejeros contrarios a la Cuarta Transformación —de acuerdo a la caracterización formulada en el Salón Tesorería del Palacio Nacional— saldrá escalonadamente o en una sola vista, según lo que defina el Legislativo.

Al periodo extraordinario de sesiones le queda una semana. Los parlamentarios se irán de vacaciones durante dos meses y hasta septiembre, en la apertura del segundo año de trabajos de la LXVI Legislatura federal se dará trámite a la iniciativa, que podría adquirir el carácter de preferente.

Han pasado 25 días de la elección extraordinaria para renovar al Poder Judicial y los consejeros electorales siguen sin concluir con la validación del ejercicio democrático. Han pasado tres semanas y media pero aún no hay certeza de los votos válidos ni de los candidatos triunfadores, ante las fallas en la metodología utilizada por el INE para comprobar la elegibilidad de los aspirantes triunfadores.

Después de la revisión de las hojas de vida de los contendientes, vendrá la fiscalización de los gastos de campaña y el cotejo de otros requisito de elegibilidad, incluida la 8 de 8. Las impugnaciones se acumulan en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberá resolver aprisa.

En los 100 compromisos que formuló, tras de asumir la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum adelantó que promovería el debate sobre las reglas de la competencia política (puntos 10 y 11).

La no reelección en los puestos de elección popular ya fue sancionada en el Poder Legislativo y entrará en vigor hasta el 2030.

La reforma al sistema electoral que impulsará Sheinbaum desde Palacio Nacional estará condicionada por la austeridad republicana. Más que reducir las prerrogativas para los partidos políticos, la Presidenta quiere reducir aún más los recursos erogados por el INE, tanto en la organización de los procesos electorales, como en otras tareas sustantivas, principalmente la integración del listado de votantes y la expedición de la credencial para votar con fotografía.

Antes de la reforma electoral, parte del dilema quedará resuelto en este periodo extraordinario de sesiones en el Legislativo. La concreción de una Cédula Única de Identidad Ciudadana que incorpore los datos biométricos será posible con la aplicación de la Agencia para la Transformación Digital, lo que obligará —de facto— a la obsolescencia al Registro Federal de Electores.

La reducción de las curules y los escaños del Congreso de la Unión está emplazada, desde el sexenio anterior. ¿Y la digitalización de las urnas, para cuándo?