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Aunque para la defensa las acusaciones por narcotráfico contra Genaro García Luna configuran, en todo caso, el probable delito de soborno (supuestamente recibir de tres a cinco millones de dólares “en un maletín”) de la banda de Joaquín, El Chapo Guzmán), el fiscal Richard P. Donoghue, en la audiencia del martes 21 de enero, solicitó 60 días adicionales al plazo legal para continuar recabando pruebas contra el ex secretario federal de Seguridad Pública, pero el juez Brian Cogan le reprochó: “¿Cómo está eso de revisar ‘toneladas’ de documentos”?, y solo concedió una prórroga de 30.

La pregunta tuvo sentido porque antes de aprehender a un presunto delincuente se supone que ya se le investigó, no se le encarcela primero para intentar después armar el caso.

Donoghue argumentó que requería más tiempo para sacar de documentos financieros “información proveniente de dispositivos electrónicos y material clasificado”. García Luna, dice su defensa, no tiene objeción alguna en que se haga una auditoría forense a sus computadoras ni a su teléfono celular.Tres días después, en lugar de datos de su investigación económica, el fiscal incorporó al caso una acusación contra Iván Reyes Arzate, ex mando de la Unidad de Información Sensible (coordinada con la DEA y el Departamento de Justicia de EU y con certificación de ambos países) de la Policía Federal entre 2008 y 2016. Según Donoghue, ese sujeto habría cometido delitos de narcotráfico en sus últimos tres meses de trabajo de ocho años en la Secretaría de Seguridad Pública.

Reyes Arzate fue un activo antidrogas y le reportaba al titular de la División, quien daba parte al Comisionado General de la Policía Federal, y los de Estados Unidos le informaban a la DEA y al Procurador de Justicia.

En 2017, el ex policía federal se entregó a las autoridades estadunidenses por filtrar información a los Zetas y fue sentenciado a 40 meses de prisión, pero ahora, cuando estaba a punto de cumplir la condena, es acusado de narcotráfico en la Corte Este de Nueva York.

Ocurre sin embargo que durante su juicio en Chicago Iván jamás mencionó a García Luna (como tampoco el capo Sergio Villarreal Barragán, El Grande, aunque los dos nombraron, eso sí, a funcionarios de la SSP de menor rango).

Por sensible que fuera el área en que Reyes Arzate se desempeñaba, no le notificaba directamente a García Luna, como tampoco la inmensa mayoría de los casi 40 mil elementos, entre jefes y tropa, que conformaban la Secretaría de Seguridad Pública.

Quién sabe lo que el fiscal Donoghue traiga entre manos, pero, de ser algún señalamiento contra el ex secretario, Reyes Arzate, cuando mucho, llegará a ser un declarante de oídas.

Para efectos de defensa, con la apertura de temporada de testigos protegidos que ha hecho la fiscalía del Distrito Este de NY a cambio de privilegios y reducciones de condenas, la incorporación de ese señor al caso es una buena o quizá una excelente noticia…

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