Google/Alphabet, Facebook, Amazon y Apple son cuatro de las mayores empresas del mundo y tienen operaciones crecientes en México, pero casi no pagan impuestos en nuestro país. Otro tanto podemos decir de Uber, Airbnb, Netflix y Mercado Libre. El reto es cobrarles impuestos, pero encontrar la forma en que este cobro no repercuta en los … Continued
Google/Alphabet, Facebook, Amazon y Apple son cuatro de las mayores empresas del mundo y tienen operaciones crecientes en México, pero casi no pagan impuestos en nuestro país. Otro tanto podemos decir de Uber, Airbnb, Netflix y Mercado Libre.
El reto es cobrarles impuestos, pero encontrar la forma en que este cobro no repercuta en los consumidores, dice el diputado Javier Salinas. Él es perredista y trabaja en una iniciativa de ley para meter al aro fiscal a las proveedoras de servicios digitales.
AMLO prometió que no habría nuevos impuestos en los primeros tres años de su Presidencia, pero el diputado Salinas confía en que podrá sumar apoyos para una iniciativa que otras fuerzas políticas ven con buenos ojos. Después de todo, se trata de una tendencia global: todo el mundo quiere darles un pellizco a estas empresas que valen billones y mantienen el invicto cuando se trata de pagar impuestos. En un escenario “optimista”, el gravamen a los servicios digitales podría tener luz verde en México en algún momento del 2020.
¿Cómo cobrarles impuestos a este tipo de empresas? Los ministerios de Hacienda de todo el mundo se hacen la misma pregunta. Por una parte, estos monstruos tecnológicos utilizan esquemas de ingeniería fiscal muy sofisticados y difíciles de rastrear. Mueven el dinero por varios países y terminan alojándolo en los lugares que ofrecen la menor tasa, como Irlanda o Luxemburgo. Sólo las migajas quedan para los lugares donde se generaron la mayor parte de los ingresos, a través del consumo de los bienes o servicios.
La complejidad de la cobranza ha hecho que muchos países opten por aplicar el impuesto en el momento en que se realiza el consumo. En la práctica esto significa un precio mayor para el consumidor, más que un zarpazo tributario a las gigantes tecnológicas. El resultado es un problema de imagen para los gobiernos frente a su población. En algunos casos implica un triunfo reputacional para los gigantes. Al fondo del vaso queda una idea: “Los gobiernos no entienden cómo funciona la economía digital y castigan a sus ciudadanos”.
Ningún gobierno podrá ganar solo la batalla tributaria frente a las mayores empresas de servicios digitales del mundo. La coordinación internacional es una de las piezas de este rompecabezas tributario, apuntaba un informe sobre impuestos a la economía digital que hizo el FMI el año pasado. Se trata de intercambiar información y reducir el margen de maniobra de las estrategias de ingeniería fiscal. Privilegiar la colaboración sobre la competencia entre países.
La propuesta del diputado Salinas está lejos de ser una pieza acabada. El legislador tiene en mente a Chile y Argentina, también la Unión Europea. Allá hablan de un impuesto a Apple, que busca obligar a las mayores tecnológicas del orbe a incrementar sus contribuciones tributarias. El objetivo es generar mayores ingresos, pero también utilizar los recursos captados para mitigar algunos de los problemas o externalidades que produce la disrupción tecnológica: pérdida de empleos en sectores o actividades tradicionales.
¿Por qué crear un impuesto a los servicios digitales en México? Porque se necesitan recursos adicionales para afrontar los retos de la era digital: cerrar la brecha que separa a los digitalizados de los “desconectados”; avanzar en ciberseguridad y contar con dinero para impulsar a empresarios digitales.
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