Se trata de una pasión compulsiva por la opacidad. En la 4T, transparencia no es palabra de orden
La 4T cerró con candado un local donde un grupo de ciudadanos iba a reunirse para formar un partido opositor. Pero protege a Adán Augusto López: impide que, por cinco años, se acceda a la información sobre su exjefe de policía, que dirige un cártel del narco.
El domingo, el gobierno impidió que los promotores de la organización Somos México realizaran una asamblea en un salón de un deportivo de la Secretaría de Agricultura: encadenó las puertas, apagó los ascensores y mandó un grupo de golpeadores.
En cambio, el gobierno reservó por cinco años toda la información sobre el capo de La Barredora, Hernán Bermúdez, exjefe policiaco de Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López, cuya carrera política pende de un hilo, por sus vínculos con Bermúdez.
¿Justificación por clasificar la información sobre el líder de un cártel del narco, ligado a un ex precandidato presidencial y jefe de los senadores del partido gobernante?: “Potencializa un riesgo inminente a la vida de los servidores públicos”.
Es un razonamiento casi similar a la que usó la 4T, desde 2018, para ocultar información sobre los casos que comprometen su solvencia moral como gobierno, y sus alianzas con personajes de baja catadura, tanto a nivel doméstico como internacional.
Por ejemplo, así argumenta la prohibición para conocer acerca del asilo político otorgado al defenestrado presidente de Bolivia, Evo Morales:
“Revelaría nombres de personajes, organizaciones y acciones en el ámbito internacional, que afectarían las relaciones de México con otros países en economía, seguridad y más ámbitos. La información podría ser utilizada para reconfigurar organizaciones, cambiar los procedimientos de operación de éstas y encubrir nuevas formas de comportamiento, que entorpecerían o impedirían operaciones de inteligencia o contrainteligencia”.
O el caso de los espías rusos que están activados en México, según informó el general Glen Van Herck, Jefe del Comando Norte de Estados Unidos, durante una intervención ante el Comité de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos:
“No se puede brindar información sobre eso, porque afectaría nuestra imagen en el exterior, implicaría menoscabo de la convivencia armónica entre los sujetos internacionales y vulneraría la confianza del intercambio de información”.
Y tampoco es posible saber sobre el operativo policiaco y militar, tras el cual López Obrador liberó a Ovidio Guzmán en 2019. Prohibido totalmente conocer por qué la SSP dijo que fue decisión del gobierno ni qué dice la carpeta de la Fiscalía de Justicia Militar.
En esos momentos el gobierno mexicano tiene 90 mil 33 archivos reservados, por contener información que dañaría sus intereses, de acuerdo con el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados. Se trata de una pasión compulsiva por la opacidad.
En la 4T, transparencia no es palabra de orden.
Minuto a minuto
