59 senadores derrotan a 634,143 ciudadanos

Tal parece que el voto en contra de la corrupción y su hija desalmada la impunidad, manifestado el pasado 5 de junio, no melló el afán de los senadores del PRI y del Verde Oportunista de seguir apuñalando a la sociedad con furor y saña.

Tal parece que la manifestación de hartazgo contra los conflictos de intereses que permiten que de la noche a la mañana la esposa del presidente de la República y su secretario de Hacienda se hagan propietarios de sendas residencias financiadas por la principal empresa proveedora del gobierno, no generó en la precitada franja de legisladores ninguna conciencia de que hay que acabar con esas malas prácticas que tanto irritan a la ciudadanía.

Antes de ayer era el gran día para que el Senado de la República, por primera vez desde que existe, se hubiera aliado con la sociedad que lo mantiene —a todo lujo— al aprobar de manera unánime y sin enmiendas la llamada iniciativa ciudadana contra la corrupción: Ley 3de3.

La Ley 3de3, propuesta por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, que lograron juntar 634,143 firmas para sustentar el proyecto, en lo sustancial establece —no sé si usar el presente establece o el copretérito: establecía— reglas claras de conducta para la interacción entre servidores públicos y actores privados; además, al ser una ley general, su aplicación es válida para los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, y para los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su propuesta fundamental, por lo que ha sido denominada Ley 3de3, es que quienes se sometan a ella tienen —tenían: copretérito de ya nos chingaron— la obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de posible conflicto de intereses y fiscal de forma obligatoria, periódica y pública.

Aquí fue donde entró la mano negra de los patriotas senadores del Partido Revolucionario Institucional con sus palafreneros del Verde Excrementista, que en total sumaron 59 legisladores, mismos que durante el 2016 cobrarán 1 millón 925,945 pesos, por servicios a la patria, más prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, pasajes de avión para viajar a los territorios que representan y otras menudencias que hasta hueva da catalogarlas. Estos 59 benefactores de la nación, con una mentalidad visionaria, decidieron suavizar la propuesta ciudadana. Para qué andarse con asperezas. Seamos realistas, si la moción punitiva de los idealistas ciudadanos cuaja, por ahí está en juego hasta la cabeza del jefe de las instituciones nacionales y la dama que revolotea por su nido. No lo hagamos por nosotros, hagámoslo por ellos. Bajémosle tres rayitas a la iniciativa para que la ley sea 3de3-3.

Y así fue como decidieron modificar la iniciativa de los ilusos ciudadanos —como ellos no se juegan nada, se les hace fácil proponer tan peligroso engendro —. Entre los tricolores y su cuadrilla del verde le bajaron las siguientes tres rayitas a la iniciativa ciudadana: 1.- Sí harán su declaración patrimonial, de posible conflicto de interés y fiscal, sólo que ésta no será pública. Y es que —piden que uno explique— si la información está abierta al público en general y uno —dicen con modestia— ha forjado, con mucho esfuerzo, un pequeño pero atractivo patrimonio, si se entera de su existencia uno de los delincuentes que en nuestro amado país, por desgracia, abundan, corre peligro de ser robado debido a la poca seguridad que tenemos. 2.- Tampoco tendrá carácter de obligatoriedad la entrega de las tres declaraciones. Este renglón debe quedar a discreción del funcionario que quiera hacerlo. ¿O qué, no confían en nosotros? 3.- Los cuestionarios que los servidores públicos tengan que llenar al respecto serán elaborados por los ciudadanos, pero no por cualquiera de ellos. No. Serán elaborados por unos ciudadanos que a su vez serán elegidos por los partidos políticos que gozan de gran probidad.

Y así fue como 59 senadores se pasaron por el arco del triunfo a 634,143 ciudadanos que firmaron la iniciativa ciudadana contra la corrupción.

Por la noche sintonicé el canal del Congreso. Presencié la intervención del senador, Manuel Bartlett Díaz, al presentar su voto particular en contra del dictamen. El coordinador de los senadores del PT refirió que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no tiene “una auténtica separación e independencia entre vigilantes y vigilados, porque los últimos designan a los vigilantes”. También manifestó que la bancada PT-Morena presentó una iniciativa para la creación de una comisión de la verdad que investigue al “principal poder corruptor de este país: el poder presidencial”. Y don Manuel sabe de lo que habla puesto que trabajó muy cerca de, cuando menos, dos presidentes de la República. Como dijera José Martí: “Conoce al monstruo porque ha vivido en sus entrañas”.