El Presidente deberá cuidar que no haya un nuevo portazo en Palacio Nacional y Claudia Sheinbaum que no le revienten algún mitin
El equipo defensor de los 14 militares encarcelados con falsarias acusaciones de la Fiscalía General de la República implicándolos en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa logró que ocho fueran liberados en forma condicionada para seguir su proceso.
La salida fue ordenada por la jueza titular del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Duarte Cedillo, luego de más de 48 horas de debate entre los representantes de la Fiscalía y de los soldados. Ella valoró la totalidad de datos y medios de prueba ofrecidos por las partes y determinó que la FGR no acreditó una “necesidad de cautela” para mantenerlos en prisión preventiva justificada.
El fallo le pone un espinoso cascabel al gato de la destartalada relación entre los padres de los 43 y el presidente López Obrador, comprometido a recibirlos al día siguiente de las elecciones del 2 de junio.
Los liberados (Ramiro Manzanares Sanabria, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Roberto de los Santos Eduviges, Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Juan Sotelo Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes y Eloy Estrada Díaz) no pueden cantar victoria: es la segunda vez que salen de prisión, pero en la primera fueron detenidos nuevamente bajo el indemostrable cargo de delincuencia organizada.
El injusto encarcelamiento de militares es consecuencia de la insidia que sembró en 2015 el corrosivo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para involucrar al Ejército en la matanza y perfilar la patraña de que se trató de un “crimen de Estado”.
Tal perversidad fue adoptada por los padres y sus representantes, por la mentirosa comisión de la verdad que encabezó el ex subsecretario federal de Derechos Humanos Alejandro Encinas y el impuesto ex fiscal especial que fue achichincle del GIEI, Omar Gómez Trejo.
La excarcelación se da en el contexto de discusión sobre la decisión que pronto tomará la Suprema Corte de Justicia para definir si la prisión preventiva es o no inconvencional, y las organizaciones de derechos humanos deberán definir si están a favor de estos y de la prisión preventiva oficiosa que tanto tiene de condena anticipada.
Ya las organizaciones que asesoran a padres y familiares de los normalistas pusieron el grito en el cielo, calificando de “parcial y sesgada” la resolución de la jueza. Acusan un “empoderamiento” de las fuerzas armadas y que gobierno y Poder Judicial “se dejaron presionar por el Ejército mexicano”; que todo “es una farsa”, dicen, y advierten que “habrá respuesta”.
El Presidente deberá cuidar que no haya un nuevo portazo en Palacio Nacional y Claudia Sheinbaum que no le revienten algún mitin.
AMLO está en un gran aprieto, ya que prometió a los deudos llegar a una diferente “verdad” a la “histórica”.
El problema es que su gestión concluye el 1 de octubre, cinco días después del que se avizora explosivo décimo aniversario (26 y 27 de septiembre de 2014) del caso que prometió y no pudo “resolver…”.
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