El Congreso mexiquense aprobó reformas al Código Penal para que quienes violenten adultos mayores sean castigados con hasta 15 años de cárcel
Por unanimidad, el Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal para que los responsables de ejercer violencia contra adultos mayores sean castigados con hasta 15 años de cárcel y de 200 a 400 días multa.
La diputada Violeta Nova Gómez, autora de la iniciativa, expuso en tribuna que ante las numerosas agresiones que se dan contra a este sector de la población, era necesario tomar mayores medidas para su protección y agravar la penalidad en el delito de lesiones.
Dijo que, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 57 por ciento de los delitos cometidos contra adultos mayores son patrimoniales (despojo, robo a casa habitación, fraude y daños en propiedad privada); 16 por ciento son por violencia familiar; 8 por ciento por lesiones, y el resto son amenazas, homicidio, abusos sexuales y abandono.
“Existen diversas formas de maltrato en contra de las personas adultas mayores y que en su condición física agrava su propia salud tanto emocional, psicológica o física, convirtiéndose en daños graves. En muchos casos, son consideradas las personas adultas mayores como una carga y son tratados con negligencia, abuso o falta de atención y de cuidado”, remarcó la diputada de Morena.
Aclaró que la reforma busca proteger a los adultos mayores, desalentar y sancionar las conductas que los lesionen, tomando como agravante su condición de vulnerabilidad y la cercanía con quienes se encarguen de su atención y cuidado.
“Es muy importante realizar las medidas necesarias para favorecer las condiciones que garanticen el adecuado desarrollo de la vida de los adultos mayores; sobre todo, su salud emocional, psicológica y física, y sancionar con la severidad necesaria los ilícitos que se cometan en su contra”, enfatizó.
La reforma aprobada establece que, cuando una persona inflija lesiones a menores, personas adultas mayores, incapaces o pupilos por quien ejerza la patria potestad, tutela o custodia, o sea su familiar, recibirá de 10 a 15 años de prisión y de 200 a 400 días multa, además la suspensión o privación de los derechos sobre la víctima.
Con información de López-Dóriga Digital
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