Juan Melquiades Vergara fue vinculado a proceso, el cual enfrenta en libertad, pues el delito que se le imputa no prevé prisión preventiva
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer este martes las medidas cautelares impuestas al extesorero de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, quien fue vinculado a proceso pero lo enfrenta en libertad, debido a que el delito que se le imputa no prevé prisión preventiva oficiosa.
La dependencia informó que el juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de México concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó una garantía económica por cuatro millones de pesos, como medida cautelar.
Asimismo, abundó, se le estableció la prohibición de salir del país, por lo que se le retiró el pasaporte y visa al inculpado, así como acudir a firmar una vez al mes ante el Centro de Justicia de Quintana Roo.
En un comunicado, la PGR indicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) presentó ante el juez con sede en Almoloya de Juárez, a Melquiades Vergara, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y formular imputación.
Señaló que el representante social de la Federación obtuvo del juez de Control la vinculación a proceso, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las modalidades de recibir y adquirir recursos, dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
Sostuvo que el fiscal logró acreditar que el exfuncionario había recibido en dos de sus cuentas bancarias, dentro del periodo de 2015, la cantidad de 50 millones 689 mil 970.76 pesos, que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron de dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación.
Explicó que el primero es por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes, y el segundo por la acreditación por concepto de subsidio al empleo, sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.
Todo ello, apuntó la dependencia, aunado a que no existe dato alguno que proporcione información sobre la real prestación de servicio alguno por parte del imputado en favor de las empresas, que justificara la transmisión de recursos.
Con información de Milenio
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