También pidió implementar acciones para eliminar obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, educación y atención médica a menores por esos movimientos telúricos
El Senado de la República exhortó a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los gobiernos de Chiapas, Puebla, Morelos, Oaxaca, Estado de México y de la Ciudad de México, a que en la asignación de recursos para atender a las víctimas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, destinen de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes.
Se les pidió también que, a través del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de los Sistemas Locales, implementen acciones para eliminar obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, educación y atención médica de niñas, niños y adolescentes afectados por esos movimientos telúricos, así como incorporar la perspectiva de género en la atención de las mujeres.
Entre los ocho puntos de acuerdo que propuso la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, también se planteó a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al gobierno de las 32 entidades federativas fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas mayores.
Al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se le pide realizar un trabajo en conjunto con los integrantes de su Junta de Gobierno, para que coordine la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad.
A los gobiernos de las entidades federativas se les solicita realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un diagnóstico integral del sistema de transporte público de pasajeros y de las necesidades en materia de movilidad de la población de adultos mayores en cada entidad, con la finalidad de generar estrategias que permitan mejorar la movilidad de éste grupo de personas.
De la misma manera se exhorta a las a las autoridades de Baja California y del municipio de Mexicali, a que informen el avance del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores que residen en asilos ubicados en aquella entidad y garantizar el respeto a los derechos humanos de este sector de la población.
En un punto más, se exhorta a la Secretaría de Salud que se coordine con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para impulsar acciones y programas para eliminar cualquier tipo de maltrato en contra de toda persona adulta mayor con la finalidad de brindarles una vida digna.
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