La investigación señala que, durante el sexenio, López Obrador realizó declaraciones contra periodistas a los que identificaba como adversarios
Una investigación del Human Rights Center de la UC Berkeley School of Law plantea que la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos registrada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador podría ameritar un examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI), bajo la figura de persecución contemplada en el Estatuto de Roma.
El planteamiento parte de una investigación de varios años que documentó, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, cientos de agresiones contra integrantes de estos dos sectores. De acuerdo con la metodología presentada por sus autores, durante ese periodo fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos, para un total de 337 víctimas.
El documento sostiene que las cifras deben analizarse dentro de un contexto más amplio y señala cinco mecanismos que, de acuerdo con sus autores, habrían operado de manera interrelacionada: estigmatización pública desde las conferencias matutinas del entonces presidente, campañas de hostigamiento digital, utilización de herramientas de espionaje, acciones legales contra críticos y altos niveles de impunidad.
La investigación señala que, durante el sexenio, López Obrador realizó declaraciones contra periodistas a los que identificaba como adversarios. Cita un registro de ARTICLE 19 que contabilizó al menos 176 expresiones estigmatizantes del Ejecutivo durante 2022.
Asimismo, un análisis propio de los investigadores, apoyado en herramientas de inteligencia artificial, identificó 2 mil 827 segmentos en mil 437 conferencias matutinas en los que, según su interpretación, se descalificó o desacreditó a periodistas mediante expresiones como “prensa fifí“, “chayoteros” y “hampa del periodismo“.
El reporte también documenta el uso del software Pegasus y otras herramientas de vigilancia contra periodistas, defensores y personas vinculadas con labores de supervisión gubernamental. Entre las fuentes citadas se encuentran investigaciones de R3D, Citizen Lab y medios mexicanos, así como información obtenida a partir de la filtración conocida como Guacamaya Leaks.
Los autores sostienen que estos elementos, analizados conjuntamente con asesinatos, desapariciones forzadas y otros actos de violencia, podrían configurar un patrón susceptible de ser examinado bajo el concepto de persecución establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
La investigación toma como referencia la nueva Política sobre Crímenes Habilitados por Cibernética bajo el Estatuto de Roma, publicada el 3 de diciembre de 2025 por la Oficina del Fiscal de la CPI. Según el documento, esta política reconoce que conductas realizadas total o parcialmente mediante herramientas digitales pueden formar parte de crímenes bajo jurisdicción de la Corte, incluida la persecución.
El texto señala como ejemplo el caso del periodista Fredid Román, asesinado en Guerrero en agosto de 2022, después de publicar una columna crítica sobre el presidente y la investigación del caso Ayotzinapa. También menciona al defensor Raymundo Ramos, cuyo teléfono habría sido intervenido mediante Pegasus, de acuerdo con los registros citados por los investigadores.
Los autores reconocen, sin embargo, que determinar si los casos forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil corresponde a los fiscales y, eventualmente, a los jueces competentes. También advierten que periodistas y defensores han sido víctimas de violencia atribuida a grupos del crimen organizado, por lo que consideran necesario establecer qué casos podrían estar vinculados con una eventual política estatal.
La investigación sostiene que la impunidad en los delitos contra periodistas constituye otro elemento relevante. Según el documento, los niveles de impunidad durante el periodo analizado se ubicaron aproximadamente entre 93 y 99 por ciento, lo que sus autores consideran un posible indicio de falta de capacidad o voluntad estatal para investigar y sancionar estos hechos.
El planteamiento no constituye una determinación de la CPI sobre la existencia de crímenes contra la humanidad en México. De acuerdo con el propio texto, se trata de una propuesta para que la situación sea examinada a partir de la evidencia recopilada.
Los investigadores sostienen que un eventual examen permitiría determinar si el uso de herramientas digitales, la vigilancia, la estigmatización y otras formas de hostigamiento estuvieron vinculados con actos de violencia contra periodistas y defensores y si, en conjunto, podrían satisfacer los elementos establecidos por el Estatuto de Roma.
El caso también es presentado como una prueba para determinar hasta dónde alcanza la nueva política de la Fiscalía de la CPI frente al uso de tecnologías digitales en posibles crímenes internacionales.
Con información de López-Dóriga Digital
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