La UIF acusó a Sonia Vargas, excolaboradora de García Luna y contratada en el Poder Judicial, de fitmar contratos irregulares por 71.6 mdd
El Gobierno de México reveló que Sonia Vargas Terrero, excolaboradora de Genaro García Luna y recientemente contratada como coordinadora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), firmó contratos presuntamente irregulares por poco más de 71 millones de dólares en su paso por la Policía Federal.
Lo anterior fue revelado en la conferencia matutina de Palacio Nacional por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, este lunes.
Sonia Vargas Terrero, que es funcionaria del CJF, firmó contratos por 71 millones 600 mil dólares”, indicó
“Estos actos están vinculados a un acto de corrupción, estas personas están involucradas porque son quienes personalmente firmaron los contratos y autorizaron las erogaciones”, expuso.
Dichos contratos habrían sido firmados durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, que comprende 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.
Sonia Vargas trabó en dicho tiempo en la Policía Federal como directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura.
Otros funcionarios que también fueron señalados por firmar contratos irregulares por varios millones de dólares fueron:
- Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de la Policía Federal Preventiva..
- Facundo Rosas Rosas, comisionado General de la Policía Federal.
- Humberto Martínez González, director General de Apoyo Técnico.
- Rafael Avilez, jefe de la División de Fuerzas Federales.
- Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional.
- José Roberto Cardoso, director de Recursos Materiales. 12 mdd
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó el pasado 19 de mayo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, contrató a Sonia Vargas Terreros, una excolaboradora de Genaro García Luna, quien fue declarado culpable en febrero pasado de narcotráfico en los EE.UU.
El tabasqueño apuntó que esta fue una de las razones por las cuales se tuvieron que blindar obras prioritarias en el sureste mexicano como de seguridad nacional e interés público.
“Por otro lado el Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte, que está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país, que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto al grado de que ayer me llegó una información
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