Se determinó que actualmente hay una sobrepoblación del 61.51 por ciento en los centros penitenciarios, por lo que la administración local deberá ampliarlos o construir nuevos
Un Tribunal Federal ordenó al Gobierno de la Ciudad de México atender el problema de la sobrepoblación en los penales capitalinos, por lo que deberá aumentar y readecuar sus instalaciones, o de ser necesario, construir nuevas cárceles.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito señaló que la administración local ha omitido ocuparse de este problema, pues ha quedado demostrado que actualmente hay una sobrepoblación del 61.51 por ciento en los centros penitenciarios a su cargo.
Refirió que el gobierno capitalino no ha implementado ninguna medida para “desplegar sus atribuciones legales conferidas en la Ley de los Centros de Reclusión del Distrito Federal”, con relación a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el Programa de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.
Por lo anterior, se ordenó a las autoridades correspondientes ampliar y readecuar los Reclusorios Preventivos Varonil Norte, Oriente y Sur, además de la Penitenciaría de la Ciudad de México, o construya nuevos penales para reponer la violación al derecho humano a la dignidad humana perpetuado en contra de los reclusos.
El decreto viene de un amparo concedido a la Asociación Civil denominada Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, la cual señaló el hacinamiento y sobrepoblación que sufren las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión.
El magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo presentó un proyecto de sentencia, que fue avalado de manera unánime, que rechazó el sobreseimiento decretado por el juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Por ello, se determinó que la asociación civil cuenta con interés legítimo para denunciar la violación de varios derechos como la dignidad humana, salud, alimentación, integridad física, así como al principio de reinserción social, pues se demostró que el objetivo del organismo está encaminado a la defensa de los derechos humanos de grupos o personas en situación de alta vulnerabilidad, particularmente de las que están privadas de su libertad.
El fallo subraya la obligación del Estado de implementar las iniciativas necesarias para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para llevar una vida digna que ayude al goce efectivo de aquellos derechos que de ninguna manera pueden restringirse o aquellos cuya limitación no derivan de la privación de la libertad.
Con información de Milenio
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