Este jugoso negocio además se ubica entre las tres primeras causas de extinción de las especies a nivel mundial
El tráfico ilegal de especies de fauna y flora silvestres está convertido en un delito trasnacional que genera ganancias de hasta 100 mil millones de dólares anuales en todo el mundo, de ahí la urgencia de fortalecer los regímenes jurídicos en los países de América Latina para tipificar y elevar las penas contra este ilícito.
Así lo aseveró Aldo Lale-Lemoz, Director Ejecutivo Adjunto de la de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) al inaugurar los trabajos de la “Conferencia Regional de Aplicación de la Ley: delitos contra la vida silvestre y los bosques en las Américas”.
Con motivo de un evento organizado de manera coordinada con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el represente del organismo mundial planteó que, dado el crecimiento de este fenómeno, es necesario emprender diversas acciones como la sensibilización sobre el tema.
Ante ello, propuso la capacitación de autoridades del poder judicial y de las encargadas de la aplicación de la ley. También propuso evitar que las industrias utilicen especies de flora y fauna silvestres en la manufactura de sus productos, y así buscar que los responsables de los delitos sean llevados a la justicia.
“Estamos en el momento histórico para actuar y detener los delitos contra la vida silvestre y los bosques; se trata de un problema que debe enfrentarse de manera concertada y coordinada dadas las consecuencias devastadoras para la biodiversidad”, apuntó.
En este contexto, resaltó el liderazgo que México ha tomado en la búsqueda de una estrategia eficiente de combate a este ilícito.
En su oportunidad, el subprocurador de Recursos Naturales de la PROFEPA, Ignacio Millán Tovar, destacó la importancia de “adelantarnos a las nuevas formas de operación de los traficantes” a través del fortalecimiento de la cooperación internacional que trascienda la esfera de actuación de cada país, el intercambio de información mediante el uso de redes formales e informales, y la asistencia técnica mutua entre las naciones para fortalecer las capacidades de combate al tráfico de especies y la tala ilegal de madera.
Recordó que el tráfico ilegal de vida silvestre se ubica entre las tres primeras causas de extinción de las especies a nivel mundial, junto con la pérdida de hábitat y los efectos causados por especies invasoras.
Mencionó además que, a nivel internacional, los países han acordado regulaciones contra la explotación excesiva, debido al comercio internacional de 4 mil 956 especies de animales, de las cuales 602, el 12 por ciento, se encuentran en México.
Al iniciar los trabajos de este foro internacional, Felipe De La Torre, asesor regional de la UNODC en México, indicó que “si no existe una ley o un artículo que tipifique y criminalice el tráfico de flora y fauna silvestres, evidentemente ésta será una ventana de oportunidad para que los traficantes puedan aprovecharse y seguir cometiendo con impunidad este tipo de actividades”.
Destacó que en materia de tráfico ilegal de vida silvestre tres son los grandes retos: generar y sistematizar información en la materia, y visibilizar la participación real de la delincuencia organizada en este fenómeno ya que esta no se ha podido documentar de manera efectiva; y fortalecer los regímenes jurídicos de las naciones.
Comentó que las especies más traficadas en Latinoamérica son: tapir, venado, mamíferos marinos, armadillos, tortugas, reptiles, gato salvaje, plantas ornamentales incluida la orquídea y peces de agua dulce.
En tanto, los principales destinos de las especies endémicas latinoamericanas son Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Egipto, China y naciones europeas como España, Alemania y Francia, así como el sudeste asiático.
El director del Programa Global para el Combate de los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques de la UNODC, Jorge Ríos, reconoció que este tipo de ilícitos son complejos de combatir, de ahí la necesidad de diseñar mejores estrategias de combate.
“Hay que establecer actividades específicas a nivel regional y subregional para atender los delitos contra la vida silvestre porque este tipo de crímenes no van a desaparecer. La situación nos obliga a tener un mayor conocimiento del problema y no podemos más que enfrentarlo ante la pérdida diaria de especies lo que a su vez genera inestabilidad e inseguridad”, puntualizó.
Con base en datos recopilados por la UNODC y la PROFEPA, se estima que el valor del tráfico ilegal de madera alcanza los 7 mil millones de dólares por año; mientras que el tráfico ilícito de vida silvestre, excluyendo la pesca y la madera, oscila en ganancias en los 7.8 mil millones de dólares anuales.
En los trabajos de la “Conferencia Regional de Aplicación de la Ley: delitos contra la vida silvestre y los bosques en las Américas”, los expertos reconocieron que los grupos delictivos están diversificando su portafolio de operaciones, toda vez que resulta un incentivo que en varios países los marcos normativos ni siquiera criminalizan este delito.
En la inauguración participó en representación del Gobernador de la entidad, el Secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo, Carlos Rafael Antonio Muñoz Bernunza; el Subprocurador Jurídico de la PROFEPA, Gemi José González López; Simon Robertson, Oficial de Información forense del Banco Mundial; y Laura Monge Cantero, Secretaria Técnica de la Secretaría General Permanente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, entre otros.
Redacción
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