La SRE calificó de “tendencioso” y “sesgado” el informe del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el reciente informe del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED), en donde se asegura que que dicho delito en el país sha crecido a tal nivel que podría considerarse crimen de lesa humanidad.
En un pronunciamiento emitido el jueves 2 de abril de 2026, la Cancillería califica dicho informe de “tendencioso”.
“Los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”, se destacó en el comunicado.
Según la SRE, el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar.
“Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”, destacó.
El Gobierno de México explicó que si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017, sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, “la decisión del Comité es parcial y sesgada”.
“Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”, se lee en el posicionamiento de la Cancillería.
La sSRE recalcó que el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión. Dichos señalamientos, destacó, reflejan la situación actual del país diferente a la de periodos anteriores.
“Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas —incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”, lanzó.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, puntualizó en el comunicado.
El comunicado de la Cancillería resalta que el Comité no valoró debidamente las reformas sustanciales a la ley aprobadas en julio de 2025, las cuales fueron fruto de un diálogo con colectivos de familiares.
Entre las herramientas implementadas destacan:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad.
- La obligación de fiscalías especializadas estatales.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
- La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
- La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
- La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
Se recalcó que México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias.
“México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, enfatizó la SRE en su comunicado.
Con información de López-Dóriga Digital
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