
Raymundo Martínez Carbajal expuso sus razones para no frenar la determinación de regularizar a los empresarios del estado
El titular de la Secretaría de Movilidad en el Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, declaró que el 40 por ciento de los crímenes registrados en la entidad se cometen en unidades de transporte público, que transportan diariamente a 11 millones de personas.
En entrevista con El Universal, el funcionario señaló que al menos 73 mil de las concesiones que circulan por el estado ya están vencidas y se espera que para diciembre se sumen otras 32 mil a la lista.
Martínez Carbajal reconoció que el transporte público en la entidad es el más costoso y peligroso, como lo han señalado analistas internacionales.
“Somos el peor sistema de transporte del país, el más caro, el más inseguro, bueno hasta antihigiénico nos lo han calificados”, manifestó.
Expuso al rotativo sus razones para no frenar la determinación de regularizar a los empresarios del estado.
Apenas el 40 por ciento de los prestadores del servicio apoyan las disposiciones señaladas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, mismas que parten del compromiso firmado por transportistas en septiembre de 2017 a cambio de permitir un aumento en los costos.

Las medidas incluyen la instalación de un GPS, cámaras de vigilancia, botones de pánico y la renovación de las unidades con más de 30 años de uso.
A pesar de que en ocho meses no se cumplió con los lineamientos, los usuarios sí se vieron obligados a pagar 10 pesos de tarifa mínima y sufrieron un incremento de un peso en el costo de servicios de Mexibús y Mexicable.
Se prevé que fpara finales de año el 60 por ciento del total de concesionamiento esté en irregularidad; hasta el fin de año pasado, entraron en ese rubro 73 mil unidades, entre microbuses, autobuses, taxis y combis.
El funcionario argumentó que no es una “respuesta cínica de la autoridad”, sino una exigencia para poner orden, señalando que la ciudadanía ya ha perdido la confianza en la dependencia, pues nunca se concretan las estrategias de regularización.
Señaló que hay una sobreoferta del 30 por ciento del servicio, que trae como consecuencia la desvalorización de las concesiones.
Expuso que la irregularidad llevó a que el estado no pudiese asegurar las condiciones necesarias para prestar el servicio.
No obstante, el secretario de dijo abierto al diálogo y confía contar con una respuesta positiva por parte de una fracción de empresarios decididos a mejorar la calidad del servicio y a un sector que no solamente cuide de los usuarios, sino también de los operadores.
Con información de El Universal