Esto debido a que al entregar tarjetas a beneficiarios del “Censo para el bienestar” los funcionarios portaban un chaleco con el nombre de López Obrador
El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por unanimidad, la responsabilidad de 25 servidores públicos quienes al entregar los recursos de programas sociales de la Secretaría del Bienestar promocionaron la imagen del titular del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La resolución se dio toda vez que los uniformes que portaban tenían estampadas las frases “Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México” y “Censo para el bienestar”.
En 2019, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció a los llamados “servidores de la nación” y a otras personas funcionarias de la Secretaría del Bienestar al considerar que quebrantaron el principio de imparcialidad con el uso indebido de los recursos públicos.
Esto debido a que al entregar las tarjetas bancarias a los beneficiarios del “Censo para el bienestar”, durante el periodo de transición e inicio del mandato del presidente, las personas funcionarias portaban un chaleco con el nombre del Ejecutivo Federal, quien, aseguraban, “giró personalmente las instrucciones” para otorgar los apoyos.
En su oportunidad, se determinó que con dichas acciones los involucrados violentaron la prohibición de utilizar la propaganda gubernamental y los recursos públicos para posicionar el nombre e imagen de otro servidor público, como está previsto en el artículo 134 de la Constitución Política.
En respuesta, el PRD presentó un recurso de revisión ante la Sala Superior del TEPJF, en el que solicitó sanciones para el presidente de la República y otros involucrados quienes fueron excusados porque en el lugar donde cometieron el ilícito no había un proceso electoral en curso. Por su parte, Morena y algunos de los servidores públicos sancionados presentaron un recurso de revisión para que se dejara sin efectos la sentencia.
La magistrada Janine Otálora reiteró que, a pesar de beneficiarse con el posicionamiento indebido de su imagen, ninguna prueba demuestra que el Ejecutivo Federal hubiese orquestado la estrategia masiva de promoción y, al resolver el fondo de la controversia, modificó la sentencia impugnada para fincar responsabilidades a los servidores públicos que habían sido excusados bajo la justificación territorial.
Con información de López-Dóriga Digital
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