Solicitó a la PGR imponer los medios de apremio necesarios para mantener las medidas cautelares que en su caso sean impuestas.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) denunció ante la PGR y la Fiscalía General de Chiapas que representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentan impedir la entrega, en las escuelas de educación básica, de 11.1 millones de libros de texto gratuitos para 1.4 millones de alumnos.
El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP, Miguel Augusto Castañeda Fernández, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) imponer los medios de apremio necesarios para mantener las medidas cautelares que en su caso sean impuestas.
La SEP recordó que casi ocho millones de ejemplares ya están en los almacenes estatales y solicitó que, en el momento procesal oportuno, se solicite al juez de la causa que se impongan medidas cautelares que eviten se obstaculice la entrega de los materiales educativos.
El delegado federal de Educación en Chiapas, Mario Sánchez de Cima Breton, presentó la denuncia en el mismo sentido ante la fiscalía chiapaneca, detalló la SEP mediante un comunicado.
La dependencia explicó que en los documentos entregados a las autoridades ministeriales contra quien o quienes resulten responsables se asientan declaraciones, reproducidas por un medio de comunicación, del vocero de la Sección 7 de la CNTE, José Luis Escobar.
Lo anterior en el sentido de que el boicot en la entrega de dos millones de libros es en rechazo a la reforma y nuevo modelo educativos. El dirigente señaló que las secciones 7 y 40 de Chiapas habrían convencido ya a padres de familia para que no acepten los libros de texto.
Además Escobar habría señalado que los maestros deben diseñar su propio plan y programas de estudio con contenidos curriculares acordes al contexto en el que viven los estudiantes en sus comunidades, según las declaraciones difundidas en un medio de comunicación.
La SEP indicó que los hechos que se describen en las notas periodísticas atentarían contra el derecho a la educación, al ser un derecho social contenido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante ello, abundó la SEP, de actualizarse la no distribución de los libros de texto gratuitos en Chiapas se vulneraría el derecho a la educación, que es una estructura jurídica compleja cuyas obligaciones y derechos no recaen en un solo individuo.
Ello porque para lograr su cumplimiento efectivo se requiere de la intervención tanto del estado como de los particulares, ya sea como sujetos obligados o titulares del derecho, dependiendo de la relación jurídica de que se esté hablando.
En este ilícito ocasionarían daños a terceros, es decir a los educandos de los planteles educativos ubicados en Chiapas, daños y perjuicios que acorde con el precepto constitucional en cita serían de imposible reparación.
Esto último, añadió la SEP, “pues es evidente que los libros de texto constituyen la materialización del nuevo modelo educativo cuyo único fin es lograr una educación de calidad en favor de la sociedad y del estado, como un logro indiscutible de la reforma educativa”.
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