El Senado pide a través de un dictamen medidas contundentes y eficaces para poner fin a las violaciones a los derechos humanos de migrantes
El Senado de la República demanda al Poder Ejecutivo Federal emprender medidas necesarias para frenar los abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional, criticando y calificando como “grave” la situación de niñas y niños migrantes.
Derivado de un dictamen con punto de acuerdo avalado por el Pleno, el Senado expuso el pasado 14 de diciembre que la situación de niñas y niños migrantes no es nueva, y además señala que la situación actual es grave debido a la ausencia de atención por parte de las autoridades federales.
A través de un comunicado, la Cámara Alta señala que mientras la autoridad continúa practicando abusos contra este sector, criminalizando a menores que viajan solos, también hay organismos dedicados a luchar para que se establezcan medidas que no solo protejan los derechos humanos de los migrantes, sino también mecanismos para que puedan insertarse, de alguna manera, a la sociedad.
Al respecto de los constantes abusos que sufren los menores migrantes a manos de las autoridades migratorias del país, el dictamen de los Senadores señala que se deben de emprender medidas contundentes y eficaces, con el objetivo de parar estas violaciones a los derechos humanos.
“No es congruente, por parte del Estado mexicano, impulsar estrategias encaminadas a solventar esta tragedia humanitaria y, por otro lado, seguir permitiendo violaciones y abusos a este grupo de población que, en términos generales, no son criminales”.
El incremento de la violencia criminal en México, durante los últimos años, plantea desafíos complejos para el país, señala el dictamen; sin embargo, dicha situación también requiere que “el Estado adopte todas las medidas que necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, entre las cuales se encuentran incluidas las personas migrantes.”
Dichas medidas deben basarse en el respeto a los derechos humanos y así evitar que las respuestas del Estado para afrontar la criminalidad se conviertan en un foco de mayor inseguridad y arbitrariedad por parte del propio Estado.
El punto de acuerdo, dictaminado por la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado, advierte acerca de la ausencia de una política de seguridad ciudadana específica para la prevención, protección y persecución de delitos que afectan a las y los migrantes.
Asimismo, reitera que la respuesta del Estado, principalmente contra el narcotráfico -a través del apoyo a las acciones de las fuerzas policiales y militares en la lucha contra el crimen- más que salvaguardar la seguridad de las personas que habitan el territorio mexicano, en muchos casos solo ha contribuido a un recrudecimiento de la violencia y de violaciones a los derechos humanos, por parte de agentes estatales.
Redacción
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