El Senado  aprobó este miércoles reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer la supervisión financiera y prevenir el lavado de dinero.

Los cambios aprobados en el recinto legislativo de la capital mexicana con 74 votos en pro, 13 en contra y 20 abstenciones se da en un contexto marcado por los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas.

El dictamen avalado busca reforzar la coordinación interinstitucional para investigar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre los cambios más relevantes, se amplía el objeto de la ley para incluir el financiamiento al terrorismo, se introducen nuevas definiciones clave —como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta— y se obliga a las entidades que realicen actividades vulnerables a identificar, monitorear y reportar transacciones sospechosas.

El dictamen aprobado persigue mejorar la colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Guardia Nacional y otras autoridades nacionales e internacionales para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Establece facultades para que participe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en la supervisión de las actividades vulnerables y exige a las entidades del sector financiero utilizar sistemas automatizados para el continuo monitoreo de sus operaciones con clientes de alto riesgo.

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Asimismo, amplía de cinco a diez años el plazo de conservación de documentación relevante y permite auditorías proporcionales al nivel de riesgo.

En materia penal, se modifica el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y se mantiene la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera como instancia denunciante en casos de uso del sistema financiero para actividades delictivas.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, destacó que la reforma no tiene carácter persecutorio, sino preventivo, y busca impedir que los recursos ilícitos contaminen al sistema financiero nacional.

Además, reiteró que estas adecuaciones responden a compromisos internacionales asumidos por México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Este impulso legislativo ocurre tras los señalamientos del Tesoro de EE.UU. contra las entidades financieras en el país CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por supuestos vínculos con operaciones ilícitas.

Las instituciones rechazaron los señalamientos, mientras la Secretaría de Hacienda explicó que, aunque el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los vínculos entre las instituciones y delitos financieros.

Hasta ahora, las entidades y el Gobierno mexicano han precisado que las únicas evidencias verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio bilateral superior a los 139.000 millones de dólares anuales.

La reforma aprobada será enviada a la Cámara de Diputados para su debate y posible aprobación, previo a ser firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación oficial y posterior entrada en vigor.