El ministro Javier Laynez Potisek busca declarar constitucionales 22 de los 32 artículos de la Constitución capitalina
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende declarar constitucionales 22 de los 32 artículos que forman parte de la Constitución de la Ciudad de México, los cuales fueron impugnados por los partidos Morena y Nueva Alianza, la Procuraduría General de la República (PGR), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Si la propuesta del ministro Javier Laynez Potisek pasa, representará un revés para la PGR, pues el caso confrontó al gobierno federal con la administración de Miguel Ángel Mancera.
El ministro propone en el proyecto de sentencia avalar el derecho a la autodeterminación personal de la muerte digna, por lo que se prevé que el tema sea sometido a discusión en el Congreso de la Unión cuando Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia, para que sea un derecho reconocido en México.
La acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta por la PGR solicita invalidar el artículo 6, apartado A, numeral 2, toda vez que transgrede artículos de la Constitución mexicana, los cuales regulan el derecho a la salud, así como la facultad del Congreso para legislar sobre salubridad general.
La PGR explicó que pese a que la Constitución y la Ley General de Salud no tratan el derecho a la muerte digna, esta última normatividad prohíbe la eutanasia y el suicidio asistido.
En el proyecto de Laynez Potisek se señala que el planteamiento de la Procuraduría debe desestimarse pues parte de una premisa inexacta.
“Es decir, la Asamblea Constituyente únicamente aclaró que el concepto vivir con dignidad comprende también la muerte digna, derechos ambos protegidos por el de autodeterminación personal y el libre desarrollo de la personalidad, lo que evidencia que, contrario a lo alegado por la promovente, la norma impugnada no regula una institución en específico, ni una regla, ni un principio, ni una política, sino que únicamente reconoce el derecho a la muerte digna como parte del derecho a vivir dignamente en respeto al libre desarrollo de la personalidad”, se lee en el proyecto.
El ministro detalló que hasta conocer la normativa de los instrumentos que la Ciudad de México considere para garantizar el derecho a una muerte digna, podrá verificarse si se viola o no alguna competencia exclusiva del gobierno federal.
Con información de Milenio
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