El Departamento de Estado afirmó que la SCJN ha impedido un mayor avance en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado
El gobierno de Estados Unidos consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha complicado la lucha contra el lavado de dinero en México y confió en que la administración del presidente López Obrador pueda superar estos obstáculos.
Al respecto el Departamento de Estado explicó que si bien las autoridades mexicanas han tenido cierto éxito en su lucha contra el crimen organizado, el problema surge al procesar a los presuntos responsables.
Por ejemplo, el Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2019 señala que la Unidad de Inteligencia Financiera recibió un revés en su investigación contra el Consorcio Gasolinero Plus y VDM Administradora de Franquicias, conocido como Hidrosina, que tenía 32 cuentas bancarias bloqueadas.
Sin embargo, un juez federal otorgó una suspensión al grupo y ordenó demandar al bloqueo, al considerar que la UIF solo puede bloquear cuentas cuando existe una investigación internacional o por terrorismo.
Otro ejemplo es el caso de Eduardo León Trawitz, exjefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, investigado por presunto lavado de dinero y al cual una juez rechazó levantar el bloqueo de sus cuentas, contraviniendo las órdenes de un tribunal colegiado.
También recordó las palabras del subprocurador en Investigación de Delitos Electorales, Felipe de Jesús Muñoz, quien alertó que las investigaciones contra Javier Duarte peligraban pues jueces y magistrados empleaban criterios a modo, incluso de manera retroactiva.
El Departamento de Estado citó además dos criterios de la Corte emitidos en 2017, los cuales retrasaron y complicaron las investigaciones de actividades financieras ilícitas en el país.
La primera ocurrió en octubre de 2017, cuando declaró inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permitía a la UIF bloquear inmediatamente las operaciones y servicios de personas físicas y morales sospechosas de lavado de dinero, añadiéndolas a la Lista de Personas Bloqueadas.
El otro fallo ocurrió en noviembre de 2017 y “limitó aún más la capacidad de la UIF de presentar registros financieros durante los procedimientos judiciales”, al considerar como pruebas admisibles únicamente los registros obtenidos con la orden de un juez.
Finalmente, el gobierno de EE.UU. señaló que la corrupción sigue impidiendo que se materialice el esfuerzo de control de drogas en México y culpó al Senado de esto, al no nombrar al fiscal nacional anticorrupción, así como a los 18 magistrados que integrarán el SNA.
Con información de Milenio
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