El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, instruyó acumular este medio de control constitucional que promovió el entonces presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpusieron senadores opositores para impugnar las reformas que tipifican como delincuencia organizada ciertos delitos fiscales.
El recurso que promovieron entre otros los senadores panistas Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero, Josefina Vázquez Mota, los priistas Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong y Jorge Carlos Ramírez Marín, así como el perredista Miguel Ángel Mancera, quedó radicado en el expediente 136/2019.
El alto tribunal otorgó un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación, para que el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión rindan sus informes respectivos.
El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, instruyó acumular este medio de control constitucional que promovió el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Los legisladores pidieron a la Corte declarar la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal contra Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre pasado.
La llamada ley antifactureras tipifica como delincuencia organizada los delitos de defraudación fiscal y la expedición de facturas falsas cuando el monto supere los 7.8 millones de pesos.
Además estableció que se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Con información de Notimex
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