Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, apuntó que un tribunal ordenó que se declarar la nulidad de la sentencia de inhabilitación
El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió un amparo a Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu en la pasada Administración Federal, contra la sentencia de inhabilitación en cargos públicos por 10 años.
El 23er Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que la Sala Superior y en consecuencia la #SFP, violaron mis derechos y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que me inhabilitaba por 10 años. Aquí les comparto un mensaje. ? pic.twitter.com/WqEClcYRLZ
— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) July 1, 2022
Mediante un mensaje en sus redes sociales, Robles Berlanga detalló que dicho tribunal ordenó que se declarar la nulidad de dicha sentencia.
El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que la Sala Superior, y en consecuencia la Secretaría de la Función Pública (SFP), violaron mis derechos y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que me inhabilitaba por diez años”, apuntó en su mensaje.
Lo anterior “no haber informado en mi declaración patrimonial de una cuenta de dos mil pesos que jamás tuvo un movimiento y que incluso fue cancelada por el propio banco”.
Rosario Robles afirmó que Tribunal Colegiado ordenó una nueva discusión del asunto, con base en el artículo 37 de la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Toda la saña con la que he sido atacada por instituciones del Estado mexicano se ha topado con un muro, el de la justicia. Un paso más en el camino por la verdad y en contra de la infamia de la que he sido objeto”, expuso.
En septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que sancionó a Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la pasada administración federal.
Según la SFP, la ex funcionaria fue notificada de la resolución que la inhabilitó por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que prevé la sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial.
Con información de López-Dóriga Digital
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