Las organizaciones señalaron que el Congreso mexicano “debe asegurar que las reformas se ajusten a los estándares internacionales y permitan establecer un proceso de selección judicial basado en méritos y calificaciones”
Unas 60 organizaciones de la sociedad civil de América señalaron que la reforma al Poder Judicial en México, para elegir por voto popular a jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte, aprobada el pasado 4 de septiembre de la Cámara de Diputados “aumenta la influencia política en los nombramientos de personas juzgadoras, socavando gravemente la independencia judicial en el país”.
Para que esta iniciativa se convierta en ley, aún es necesaria su votación y aprobación en el Senado, que es posible se concrete la próxima semana.
En un comunicado, emitido este viernes, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una de las ONG firmantes, recordó que la reforma propone que todas las personas juzgadoras, incluyendo a ministros de la Suprema Corte, sean elegidas por voto popular directo, a partir de nominaciones impulsadas por los tres poderes.
“Esto incrementa el riesgo de influencias indebidas sobre la judicatura por parte de actores políticos, pero también del crimen organizado, degradando la profesionalización judicial”, apuntó.
Además, “se prevé el cese masivo de aproximadamente mil 800 personas juzgadoras, lo cual vulnera la garantía de inamovilidad, con un impacto directo en el acceso a la justicia de la ciudadanía”.
También dijo, se introduce la figura de los “jueces sin rostro”, ampliamente rechazada por organismos internacionales de derechos humanos por vulnerar la imparcialidad e independencia judicial, así como el derecho de defensa.
Ante ello, las ONG hicieron un llamado a las autoridades mexicanas, especialmente al Senado mexicano “para que analicen con cautela la propuesta y sus implicaciones en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, tomando en cuenta lo advertido por organismos internacionales de derechos humanos”.
Recordaron que el papel de la judicatura como garante de derechos y libertades y como contrapeso en un Estado democrático de derecho debe ser premisa fundamental y “cualquier reforma requiere un diagnóstico objetivo, con soluciones acordes a los problemas identificados, sustentadas con evidencia técnica y empírica de experiencias análogas exitosas y compatibles”.
Las organizaciones señalaron que el Congreso mexicano “debe asegurar que las reformas se ajusten a los estándares internacionales y permitan establecer un proceso de selección judicial basado en méritos y calificaciones, con participación efectiva de la sociedad civil y alejado de fines políticos”.
“Es necesario cuidar que toda modificación garantice la independencia judicial, permitiéndoles ejercer sus funciones sin interferencias ni presiones de poderes externos. Igualmente, los cambios deben asegurar presupuesto necesario para garantizar el acceso a la justicia”, apuntaron.
Advirtieron que la comunidad internacional “debe permanecer alerta”, ya que “se pone en riesgo la separación de poderes y el Estado de derecho” al no asegurar a los mexicanos “contar con una judicatura independiente e imparcial”.
Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento están Acción Cívica contra la Corrupción (Chile), Acción Solidaria (Venezuela), Apuesta Solidaria (México), Asociación Pro Derechos Humanos (Perú), Mesa Nacional para las Migraciones (República Dominicana), Movimiento Autónomo de Mujeres (Nicaragua).
Además del Observatorio de Derechos y Justicia (Ecuador), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA/Estados Unidos), la Oficina Jurídica para la Mujer (Bolivia) y Paz y Esperanza (Perú).
Con información de EFE
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