El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila aceptó que sabía de las inversiones y reveló que hay más
En lo que fue su último informe de actividades, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Gregorio Pérez Mata, reculó sobre sus declaraciones respecto del caso Ficrea que siempre dijo desconocer y aceptó, tener conocimiento que desde 2010 el Tribunal invertía recursos públicos; además, reveló la posibilidad de que existan otras inversiones similares.
En su discurso, Pérez Mata justificó las inversiones de los recursos del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia que dijo “por disposición expresa de la ley, nace la obligación de buscar y procurar las inversiones de dichos recursos a la tasa más alta disponible”, aunque no precisó la parte de la ley a la que se refería.
“En ese sentido desde el año 2010, se llevó a cabo en forma paulatina y previo los dictámenes especializados correspondientes, inversiones en diversas instituciones financieras entre las que se encuentra FICREA, la cual en aquel entonces contaba con todas las autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes”.
El aún magistrado presidente culpó por completo a Ficrea del boquete financiero por 126 millones de pesos que ha causado el cierre de juzgados en materia Civil y Familiar en tres regiones del estado y enfatizó que el desfalco “se debió a los actos presuntamente ilícitos de sus administradores y no por irregularidades por parte de quienes tenían a su cargo el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia”.
Respecto a las acciones legales que como Poder Judicial emprendieron sobre el caso, Pérez Mata dijo que se interpusieron las denuncias respectivas ante el Ministerio Público de la Federación por la naturaleza financiera de los eventos acontecidos; y ante la Procuraduría General del Estado.
También se refirió al informe especial que practicó la Auditoría Superior del Estado sobre las inversiones con Ficrea y sin ahondar en el dictamen emitido y la serie de observaciones que le fueron señaladas, se limitó a mencionar que fueron resueltas por el Consejo de la Judicatura, en uso de sus facultades de vigilancia y supervisión.
“Destacando que la contratación e inversiones realizadas fueron conforme a la normatividad aplicable, tomando en consideración los precedentes de las autoridades federales, así como los principios que rigen el sistema financiero y la normatividad para la protección de los usuarios de dicho sistema”.
A pesar de que la ASE advierte alto riesgo de recuperar los fondos invertidos en la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO), Pérez Mata, que está a menos de diez días de entregar el cargo, se dijo confiado de que lo que queda de Ficrea restituya al Poder Judicial del Estado 126 millones de pesos.
“Confiamos plenamente en las instancias legales involucradas, entre ellas, la Comisión Nacional Bancaria, para que el patrimonio del fondo sea restituido, en los tiempos y formas que las leyes de la materia establecen”.
En el ánimo de legitimar las inversiones públicas en financieras, Pérez Mata no solo se contradijo con lo que ha venido declarando desde hace un año sobre su supuesto desconocimiento de los hechos, si no que también señala que la propia ASE sabía de las inversiones, pues hasta llegó a auditarlas, señaló.
“Me permito reiterar en forma contundente y clara: los recursos fueron invertidos en instituciones autorizadas y supervisadas por instancias federales competentes; las operaciones fueron registradas, auditadas en su oportunidad en un periodo de por lo menos 5 años, por auditores externos e internos y desde luego la Auditoria Superior del Estado, quienes ejercieron la supervisión y control, de dichas operaciones financieras”.
El magistrado presidente concluyó subrayando que se reclamarán hasta sus últimas instancias los recursos invertidos.
Con información de Magda Guardiola
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