El Gobierno de la República rechazó de forma tajante las recientes afirmaciones del funcionario estatal con relación a un conflicto de competencia jurisdiccional
El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, rechazó tajantemente las recientes afirmaciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, con relación al conflicto de competencia jurisdiccional, resuelto por el Poder Judicial de la Federación.
En dichas declaraciones, Corral Jurado detalló que el Poder Judicial Federal se subordinó al Poder Ejecutivo Federal para que un juez de la Ciudad de México sea quien resuelva el caso contra el exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien es acusado de desvío de fondos.
Detalló que las afirmaciones de Corral ponen de manifiesto su desconocimiento sobre los principios básicos en los que se sustenta nuestro régimen jurídico-político: el pacto federal y la división de poderes.
“Quizá por ello, reconoció haber instruido tanto a la Fiscalía General de Chihuahua como al Poder Judicial del Estado, cómo actuar en casos de la competencia de estos órganos autónomos e independientes respecto al Ejecutivo estatal, tal como sí lo establece la Constitución del Estado de Chihuahua”.
La Segob precisó que “las afirmaciones de Corral muestran un profundo desdén por las instituciones, las leyes y el pacto federal, al desconocer las resoluciones emitidas por un órgano constitucionalmente competente, que resolvió con base en pruebas y no a deseos personales o presiones políticas”.
Agregó que “es falso que exista subordinación del Poder Judicial Federal al Poder Ejecutivo Federal, como sí ocurrió en el caso de Chihuahua con la destitución del presidente del Tribunal de Justicia y del fiscal General del Estado, violentando la Constitución de la entidad, como lo acreditó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 3 de abril de 2018, dictada en ese asunto”.
También es falsa la afirmación que señala que desde la Federación se pretenda dar protección a los inculpados en el asunto penal que el gobernador expone, “quizá no recuerda o evita recordar que fue la Policía Federal, dependiente de esta Secretaría de Gobernación, la que en apoyo de la Fiscalía de Chihuahua ejecutó la orden de aprehensión de uno de ellos y puso a disposición del juez local al supuesto principal probable responsable del delito”
La Federación lo hizo con profunda convicción al cumplimiento de obligaciones entre niveles de gobierno y dentro de nuestro orden Constitucional, aclaró la dependencia.
En ese sentido dijo que el gobierno federal invariablemente se ha dirigido con respeto a la investidura de todos los gobernadores, “sólo con respeto republicano nuestro país camina en democracia”.
Recordó que la disposición del gobierno federal para apoyar con respeto y diálogo a la administración estatal y al mandatario de Chihuahua quedó de manifiesto a través de un convenio que en el marco de la ley dirimió honorablemente un conflicto entre Federación y Chihuahua.
Este convenio, dijo, ha sido cumplido en sus términos por la Federación, tanto a través de la entrega de participaciones federales extraordinarias por parte de la Secretaría de Hacienda, como informando puntualmente al gobierno del estado sobre los procedimientos de extradición del ex mandatario de esa entidad César Duarte, realizados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, los compromisos que correspondían al gobierno de Chihuahua no han sido cumplidos, y tuvo que ser el Poder Judicial de la Federación, a petición de la defensa de uno de los inculpados, la que resolviera conforme a la ley este asunto, haciendo a un lado calificaciones y presiones políticas del gobernador Corral Jurado, aseveró.
La Secretaría de Gobernación consideró que el gobernador chihuahuense pretende falsamente imputar al Presidente de la República conductas y acciones al margen de la ley.
“El hecho de que la resolución del Poder Judicial no satisfaga los deseos del Gobernador no le da derecho a mentir ni a engañar a la sociedad”, subrayó.
Por lo anterior, el gobierno de la República exigió al gobernador conducirse con apego a la verdad y a la Ley en beneficio de la entidad que gobierna, de la sociedad Chihuahuense y de la opinión pública, pero sobre todo en defensa de nuestro marco Constitucional que él protestó defender.
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