Rechaza Comisión Nacional de Búsqueda propuesta que busca eliminar a FGR de su organismo

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación manifestó su total rechazo a la propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y diversas disposiciones generales que el partido Morena impulsa en el Senado de la República.

Por ello, solicitó su desechamiento e invitó a abrir un debate público sobre una reforma integral en materia de búsqueda e investigación.

Consideró que la propuesta implica un retroceso en la administración de justicia, la negación de los derechos de verdad, justicia y reparación, así como un rechazo a la colaboración interinstitucional, y un incorrecto entendimiento de lo que significa la autonomía de la FGR en un Estado de Derecho.

Detalló que en materia de desaparición de personas, la propuesta plantea eliminar a la FGR como miembro del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), al pretender derogar el Artículo 45, fracción 111 de la LGMD.

Precisó que el planteamiento propone derogar el artículo 24 que determina los supuestos en los que la FGR tiene competencia para investigar la desaparición de personas.

“Por último, propone modificar el artículo 68, en el que actualmente se dispone que las fiscalías y procuradurías deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas, incorporando al final la fórmula por las autoridades competentes, de modo que se explicite que tal búsqueda no es de su competencia”, señaló.

Manifestó que estas propuestas implican la negación del derecho de toda persona a ser buscada y pretenden sustraer a la FGR de las obligaciones constitucionales, convencionales y legales en la búsqueda de las personas desaparecidas.

“Tendría como consecuencia el desconocimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda, construido con las familias de personas desaparecidas, sociedad civil y comunidad internacional, en el que se determinan con claridad las obligaciones que todas las autoridades -incluida la FGR- tenemos en la búsqueda de personas desaparecidas y la obligatoria coordinación entre las mismas”, asentó la CNB.

Enfatizó que dado el actual diseño legal y competencia que rige las instituciones responsables de la búsqueda de personas, la participación proactiva de las instituciones responsables de la procuración de justicia es indispensable para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas.

Precisó que eliminar sus obligaciones en la materia equivale a reducir masivamente los recursos, métodos y mecanismos disponibles para dar con el paradero de decenas de miles de personas desaparecidas.

“La propuesta pretende imponer mecanismos de subordinación -no de coordinación­ de distintas instituciones de la administración pública federal -como la CNB- a la FGR, imponiendo sanciones administrativas y penales ante el desacato de dicha subordinación”, agregó.

Dijo que la propuesta plantea el regreso a una institución vertical y rígida que fragmenta las investigaciones, impide la realización de análisis contextuales, desconoce la importancia de la atracción de casos de alto impacto, trascendencia y relevancia, y desconoce la relación con las instituciones internacionales.

“El debido funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de Búsqueda, que involucra distintas instituciones -fiscalías, comisiones de búsqueda, policías, consulados, entre otras autoridades-, es uno de los más grandes retos que tiene el Estado mexicano para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia en materia de desaparición de personas”, precisó.

Señaló que México es un país con más de 79 mil 600 personas desaparecidas, más de cuatro mil fosas clandestinas, con decenas de miles de cuerpos sin identificar, apenas 35 sentencias condenatorias de primera instancia a nivel nacional por delitos de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, y docenas de miles de investigaciones abiertas.

“Lo que se esperaría es buscar reformas integrales con la participación ciudadana y de las demás instituciones del Estado mexicano para atender esta crisis, y no una para fragmentar aún más su abordaje”, apuntó.

Manifestó que la compleja realidad que vive México exige un diálogo abierto y respetuoso que permita articular los esfuerzos y capacidades del Estado mexicano para garantizar los derechos de las personas y dar resultados concretos a favor de las víctimas.

Consideró que la autonomía constitucional de la Fiscalía debe ser entendida como una garantía de acceso a la justicia, así como para evitar presiones ilegítimas en la investigación y lograr llevar los casos ante tribunales; y no como una fórmula para evitar la coordinación y rendición de cuentas, disociándose del resto del Estado.

Añadió que la falta de resultados en materia de investigación y sanción de los responsables en materia de desaparición de personas a nivel nacional tiene un impacto directo en la prevención de la crisis en la materia, y en los derechos de verdad, justicia y reparación a que tienen derecho las víctimas y la sociedad mexicana.

“Cambiar la forma en la que se investigan los delitos y se procura verdad y justicia es uno de los retos más profundos de la transformación de la vida pública de México”, expresó.

La CNB recordó que ninguna reforma a la Ley General en Materia de Desaparición y otras leyes relacionadas con la desaparición de personas pueden aprobarse sin abrirse a un debate que reconozca y garantice el derecho a la participación activa de las familias de personas desaparecidas y sus representantes, así como a la participación de los demás miembros del Sistema Nacional de Búsqueda.

En consecuencia, la CNB solicitó respetuosamente que se deseche la propuesta presentada y que se abra un parlamento abierto en el que se discutan reformas constitucionales y legales integrales.

“El debido funcionamiento y coordinación del Sistema Nacional de Búsqueda, que involucra distintas instituciones -fiscalías, comisiones de búsqueda, policías, consulados, entre otras autoridades-, es uno de los más grandes retos que tiene el Estado mexicano para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia en materia de desaparición de personas”, aseveró.

Con información de López-Dóriga Digital