La versión pública solamente será entregada a la Fundación para la Justicia para que esta informe a los familiares de las víctimas
Por tratarse de “violaciones graves” a los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que acordó hacer pública la información del expediente en que fueron asesinados 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
La versión pública, sin embargo, solamente será entregada a la Fundación para la Justicia para que esta informe a los familiares de las víctimas sobre la investigación.
En la Suprema Corte todavía están pendientes por resolverse dos amparos más interpuestos por la Fundación para la Justicia y Artículo 19, respectivamente.
Las demandas de amparo se presentaron ante la decisión de la Procuraduría General de la República de reservar las averiguaciones previas de la masacre de los 72 migrantes; la masacre en fosas clandestinas y la masacre de Cadereyta, en 2012.
A pesar de tratarse de un asunto concluido que se encuentra en fase de cumplimiento, y que de origen no fue calificado como violaciones graves, la CNDH recalificó los hechos que contiene el expediente como relacionados con “violaciones graves” atendiendo el principio de máxima publicidad y el interés de la sociedad en conocer la verdad de los hechos.
La comisión expuso que los hechos están relacionados con “violaciones graves” a los derechos fundamentales de las 72 personas migrantes que fueron secuestradas y posteriormente asesinadas por un grupo de hombres armados en San Fernando, Tamaulipas.
“Con base en el reciente análisis jurídico se ponderaron los criterios cualitativos y cuantitativos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció para determinar los casos en que ciertos hechos pueden ser considerados como ‘violaciones graves’ de los derechos humanos, por lo que el 20 de junio de 2017 la CNDH determinó que se actualizaban dichos criterios en el caso de las 72 personas migrantes en comento”, explicó en un comunicado.
La comisión llegó al acuerdo que era procedente determinar legalmente recalificar estos hechos como “violaciones graves” a los derechos humanos de los migrantes que perdieron la vida en este crimen.
Con información de Milenio
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