El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la sanción contra dos responsables de la construcción de la Estela de Luz por
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la sanción contra dos responsables de la construcción de la Estela de Luz por la simulación de compra de acero a mayor precio.
Dicha sanción consiste en resarcir más de 400 millones de pesos, los cuales se consideran el sobreprecio de la obra.
Debido a esto, Andrés León Reguera, residente de obra, deberá devolver 216.3 millones de pesos y Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, 230.8 millones de pesos.
Ambos están señalados por haber avalado la simulación de la compra de acero inoxidable de mayor precio para edificar dicho monumento.
A través de una sesión virtual, la magistrada Nora Urby Genel presentó las especificaciones del acero inoxidable contratado las cuales eran las mismas que el acero que posteriormente se adquirió a un precio mayor simulando ser de otra calidad.
La magistradas aseguró que León y Bravo fueron quienes autorizaron el supuesto cambio del acero mismo que provocó que el costo se elevara sin ninguna modificación real.
“No sólo no cambió el tipo de acero que originalmente fue contratado, sino tampoco el diámetro del mismo. A la fecha de emisión del dictamen (firmado por los dos servidores públicos sancionados) las características del tipo de acero inoxidable seguían siendo las mismas que las que originalmente fueron pactadas en el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios”, explicó.
La magistrada indicó que la modificación al contrato no resultaba procedente pues no hubo un cambio en el material.
“Esto ocasionó un incremento económico indebido puesto que este tipo de acero no cambió respecto con el que se estipuló desde el 14 de enero de 2010 y que derivó del contrato de obra pública”, indicó.
Así, el tribunal reconoció y ratificó la validez de la sanción que impuso previamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los dos encargados de la obra.
La sanción de la ASF había sido impuesta en 2019 tras una auditoría como parte de las acciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2011.
Con información de Milenio
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