Los priistas aseguran que existen varios casos documentados donde dependencias de gobierno solicitan el apoyo al presidente
Legisladores federales del PRI en la Cámara de Diputados, acusaron que el gobierno federal utiliza la estrategia de comunicación oficial del gobierno federal para la promoción personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que además, pudiera constituir un delito por posible desvío de recursos.
Mediante un comunicado, los priiistas lamentaron que la información institucional, las páginas oficiales y las redes sociales del Gobierno de la República, sean utilizados para este fin, por lo que hizo un llamado al Ejecutivo federal a apegarse al marco jurídico.
“No utilizar las herramientas de comunicación, no incitar a la violencia, inducir a la confusión o transmitir más mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales”, señala el documento.
De acuerdo con el comunicado, los priistas aseguran que existen varios casos documentados donde dependencias de gobierno solicitan el apoyo a servidores públicos, fomentan mensajes contrarios a los derechos constitucionales y promocionan comportamientos en detrimento a la dignidad humana.
Solicitamos a la @Mx_Diputados que exhorte al @GobiernoMX para que se abstenga de utilizar la estrategia de comunicación social para impulsar la imagen y nombre del Presidente de la República. | #Boletín pic.twitter.com/TLfy2DUjoT
— Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) 18 de marzo de 2019
En ese sentido, señalaron la reciente estrategia contra el huachicol, donde, afirmaron, por lo menos dos secretarías del Gobierno federal han utilizado sus cuentas oficiales para solicitar y promocionar el apoyo para Andrés Manuel López Obrador.
Una de ellas, detallaron, fue el pasado 10 de enero, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicó en la cuenta oficial de una red social: “apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador”, donde también se utilizó una tarjeta con el logotipo del Gobierno, así como el Escudo Nacional.
Los legisladores señalaron que estos hechos representan una violación a la Constitución que establece, que la propaganda de los poderes públicos deben tener carácter institucional y debe emprenderse para fines informativos, educativos y de orientación social.
“Es una transgresión a la Ley General de Comunicación Social, que establece que las campañas de comunicación social no podrán tener como finalidad destacar de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, o bien, incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales”, aseveraron.
Indicaron que se deben imponer las sanciones administrativas y penales correspondientes, a los servidores públicos que participaron en ello, pues enfatizaron que actos como estos, dejan un precedente negativo en la utilización de los recursos públicos con los que cuenta la actual Administración federal.
Con información de Quadratín
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