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Presentan diputados de Morena Ley de Austeridad Republicana
Foto de Twitter

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó al pleno de este órgano legislativo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana, que implicaría reducción de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos.

A nombre de su fracción, el morenista Manuel Rodríguez González destacó que esta propuesta da cumplimiento al mandato expresado por la ciudadanía el 1 de julio y honra el compromiso adquirido por quienes representan el proyecto transformador encabezado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Desde la máxima tribuna, aseguró que es indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario, incorporar la austeridad como principio rector de la administración y eje estratégico del gasto público.

El legislador precisó que el conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos de esta ley no afecta, suprime, disminuye ni restringe programas sociales ni derechos tutelados en la Constitución.

“Todo lo contrario, el propósito es claro, hacer eficiente el gasto destinándolo al interés general para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo”, dijo.

Indicó que es menester recuperar la dignidad del servicio público y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, por lo que consideró necesario establecer principios éticos y políticos para que los funcionarios públicos aprendan a vivir en la justa medianía.

La propuesta del grupo parlamentario de Morena incorpora la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, y como expresión del derecho popular a un gobierno honrado y eficaz.

El documento plantea la reducción de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.

Además de la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como la contratación, a cargo de recursos públicos, de seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.

La propuesta también prohíbe el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.

De este modo, el Estado aprovechará cada uno de los empleos que mantenga, mismos que deberán estar plenamente justificados en el ejercicio de una función que aporte valor a la economía.

El proyecto de ley restringe el uso de escoltas a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada; limita el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población; restringe el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión.

Asimismo, la iniciativa establece límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente; y también prohíbe las pensiones de retiro de expresidentes.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación.