La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó las pruebas que utilizó la DEA en el caso contra el general Salvador Cienfuegos
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó los documentos con las pruebas que utilizó la Administración de Control de Drogas (DEA) en el caso contra el extitular de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.
La SRE compartió un archivo de más de 700 páginas en donde se detalla la información así como diversas pruebas recabadas por el gobierno estadounidense.
Entre las pruebas se encuentran direcciones, teléfonos e imágenes de mensajes de texto, comprobantes de transacciones bancarias, fotos de automóviles así como de personas.
“Las pruebas recabadas en los Estados Unidos consisten principalmente en unas comunicaciones interceptadas, en decomisos físicos de drogas y en testigos cooperantes”, establece dentro del expediente una carta firmada por Timothy Shea, administrador interino del Departamento de Justicia estadounidense.
El archivo se publica apenas un día después de que la FGR exonerara a Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), detenido el 15 de octubre en Los Ángeles tras una investigación de la DEA.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien gestionó su liberación en noviembre pasado, acusó a la DEA de “fabricar” los cargos contra el general y pidió publicar el expediente que Washington envió el 29 de octubre a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El documento lo puede encontrar aquí.
El administrador del Departamento de Justicia explica que estas pruebas se usaron para elaborar cuatro cargos de asociación delictuosa para fabricar, distribuir e importar cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína, además de lavado de dinero.
“No hubo interceptaciones electrónicas hechas en territorio nacional mexicano”, afirma Shea en la misiva.
El funcionario del Departamento de Justicia asegura que la DEA “no investigó a Cienfuegos como un objetivo principal y tampoco interceptó directamente sus comunicaciones”.
La DEA, argumenta Shea, se topó con el caso de Cienfuegos mientras investigaba a Juan Francisco Patrón Sánchez, narcotraficante conocido como el H2, y Daniel Isaac Silva Gárate, el H9, quienes operaban en el occidental estado mexicano de Nayarit.
“Él (Cienfuegos) fue acusado como un coconspirador después de haber sido identificado personalmente en las pruebas interceptadas que se desarrollaron en contra de Silva Gárate y Patrón Sánchez”, sostiene el texto.
Las pruebas de la DEA afirman que en los mensajes de texto se identificaba a Cienfuegos como Padrino y Zepeda, su segundo apellido.
En la evidencia, también incluyen presuntas capturas de pantalla de “comunicaciones” de Cienfuegos sobre “unas reuniones de la DEA con sus homólogos mexicanos” acerca de investigaciones en contra de Patrón Sánchez.
“Las interceptaciones electrónicas del fuero federal revelaron también el papel que desempeñaba Cienfuegos Zepeda al restringir operativos militares en Nayarit con la finalidad de proteger las operaciones de Patrón Sánchez”, asevera el funcionario del Departamento de Justicia.
Al desestimar los cargos, el Gobierno mexicano ha sostenido que un narcotraficante se hizo pasar por Cienfuegos en los mensajes y que la evidencia es meramente circunstancial.
Caso Cienfuegos
El general Cienfuegos Zepeda fue detenido el 15 de octubre de 2020 en Los Ángeles, en California, tras una investigación de la DEA, que lo acusaba de vínculos con el crimen organizado y de lavado de activos.
La fiscalía del distrito este de Nueva York lo acusó de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de mil kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo de heroína, delitos que aseguraban cometió entre 2015 a 2017, cuando estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.
El 18 de noviembre de 2020, Cienfuegos Zepeda fue entregado por las autoridades norteamericanas al Ministerio Público Federal (MPF) mexicano, “que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades estadounidenses y la investigación en México se encontraba en su fase inicial”.
La Fiscalía General de la República (FGR) explicó que el 9 de enero de 2021 que el el exsecretario de la Defensa “conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la FGR en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal”.
A partir de esa fecha, Salvador Cienfuegos aportó sus elementos de prueba y la FGR llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso.
Ayer, la FGR rechazó ejercer ninguna acción penal contra el general Salvador Cienfuegos, que fue acusado de lavado de activos y narcotráfico por la DEA.
La FGR dijo que tras el análisis de las pruebas de las autoridades estadounidenses y las proporcionadas por Cienfuegos Zepeda “se llegó a la conclusión de que nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”.
La Fiscalía agregó que tampoco encontró pruebas de que “sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la decisión de la FGR de exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional y acusó a la DEA de fabricarle pruebas en su contra.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
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