El documento fue entregado a la Suprema Corte por Rubén Pérez, coordinador general de seguimiento de recomendaciones y asuntos jurídicos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que generan la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas de los mexicanos.
El contenido de la acción promovida por la CNDH es producto de un proceso de diálogo y debate que para su formulación se llevó a cabo con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional.
Entre los múltiples argumentos referidos en la acción de inconstitucionalidad se hacen valer cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a militares que plantearía la LSI, contraviniendo criterios establecidos en contrario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el hecho de que se desconozca lo previsto por el artículo 21 Constitucional, que expresamente señala las materias y autoridades que corresponden a la seguridad pública, al pretender sustraer de ese ámbito cualquier acción que se lleve a cabo al amparo de la LSI, con independencia de su verdadera naturaleza y consecuencias prácticas; así como que se pretendan redefinir y jerarquizar los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, dejando de lado el contenido y tratamiento diferenciado y específico que de los mismos se hacen a nivel Constitucional.
Dicha ley posibilita que, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el ejecutivo federal pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito vinculado al combate a la inseguridad, encontrándose entre estos motivos y cuestiones tan imprecisas como preservar el desarrollo nacional o el estado de derecho.
Si bien uno de los argumentos básicos que se han utilizado para apoyar la LSI es el que da certeza a la población y a los miembros de las fuerzas armadas, sobre la actuación de estos últimos en tareas de apoyo a la seguridad pública, lo cierto es que, en opinión de la CNDH, la ley en sus términos actuales no reporta ningún beneficio directo ni a los particulares ni al personal militar que lleva a cabo acciones vinculadas a la seguridad de las personas.
Redacción
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